El Proyecto de ley de régimen de integración sociourbana y regularización dominial tiene grandes aciertos y desaciertos.
Dentro del primer grupo destaco que tanto el registro de barrios populares plasmado en el decreto 358/2017 como este proyecto de ley, fueron gestados en la sociedad civil. Este proyecto nace de la iniciativa de la ONG Techo y las organizaciones sociales CTEP y CCC, fruto de un acuerdo entre ellas y un proceso de incidencia y negociación con el gobierno. El proyecto es un logro de estas organizaciones que califica el trabajo y militancia que venían desarrollando en el territorio.
El segundo, es que aborda la totalidad de situaciones de dominio de los asentamientos y podría beneficiar a más del 9% de la población urbana más pobre de nuestro país. Es decir, considera tanto los asentamientos sobre tierras públicas nacionales, provinciales, municipales, como las tierras privadas. En este sentido es mas amplio que lo que abarcó el Programa Arraigo en la década del 90´.
El tercer aspecto destacable es que utiliza el concepto de integración sociourbana e incluye la cuestión de los servicios públicos (art. 6 inc. 2). Tengan presente la usual reticencia de las empresas de servicios públicos de no hacer las instalaciones para la prestación de servicios en donde no se acredite el dominio de las tierras.
El cuarto, y creo más destacable logro, es la suspensión de los desalojos por dos años de todos los inmuebles incluidos en el RENABAP, mejorando en algunos aspectos el criterio seguido por la Ley de Acceso justo al Hábitat para la provincia de Buenos Aires (1), aunque el plazo es menor que el de otras leyes como la de emergencia de la propiedad indígena (2) y de la agricultura familiar. (3)
Entre los desaciertos, el primero es su falta de articulación en un proyecto integral de regularización como lo era el proyecto que contó con media sanción de la Cámara de Diputados del 4/11/2015 y con la Ley 24374 (para inmuebles urbanos y rurales de propiedad no estatal) que ha servido para regularizar cientos de miles de viviendas sin necesidad de indemnización, aunque circunscripta a la provincia de Buenos Aires.
La segunda observación es que el costo de las expropiaciones es un gasto impagable (4), aún más en un presupuesto con tendencia al ajuste. Además, la solución parecería injusta en un sinnúmero de situaciones en que los titulares dominiales han abandonado hace décadas los terrenos y serían premiados con una indemnización, cuando en realidad los que les correspondería sería la pérdida de la propiedad sin indemnización, a través de la usucapión u otros instrumentos que podrían crearse a partir del mismo proyecto de ley, reformando las partes correspondientes en el Código Civil.
El tercer desacierto es la falta de inclusión de otros instrumentos de regularización dominial como cesión vitalicia para fines de vivienda, la usucapión breve (3 o 5 años), la usucapión colectiva, la concesión especial de uso de tierras privadas del Estado, la expropiación-sanción, y otras que estás incluidas en la Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 14449.
El cuarto es la falta de reconocimiento de la seguridad de la tenencia como un derecho exigible en cabeza de los habitantes de barrios populares, al no conferirle una acción judicial que permita a los moradores impulsar judicialmente la regularización ante la demora del gobierno.
El quinto es la falta de previsión de un mecanismo de participación de los vecinos y organizaciones de los barrios en el proceso de regularización.
El sexto es la falta de previsión de medidas urbanísticas y cláusulas contractuales que impidan por un período la venta de los inmuebles para su reingreso al mercado especulativo.
¿Qué hacer?
Frente a este proyecto, entiendo que es importante apoyarlo, pues aun con todos sus defectos, su sola aprobación mejora la situación de jurídica de 3.800.000 habitantes de nuestro país que viven en las peores condiciones sociales. SI bien esta ley no modifica su situación social y económica, implica un reconocimiento jurídico de su situación y la dota de mejores armas legales para frenar desalojos, impulsar la regularización y reclamar el acceso a los servicios públicos.
Estas observaciones junto a otras pueden servir para impulsar un trabajo fuerte de incidencia, para que se incorporen la mayor cantidad y calidad de cambios posibles.