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Regularización dominial de asentamientos populares: una deuda pendiente

Recientemente,  se presentó al Poder Legislativo nacional un proyecto de ley de regularización dominial que involucraría a más de 4.000 barrios populares (también denominados “asentamientos informales” o “irregulares”, “villas” o “tomas de tierra”).

Creemos, sin duda, que es un tema que debe estar muy presente en la agenda urbano-social de la Argentina y que buscar instrumentos legislativos para facilitar la tarea de que los vecinos sean propietarios de sus lotes/viviendas y evitar las expulsiones es un objetivo más que relevante.

No obstante, y en el marco de toda discusión legislativa, surgen algunas dudas:

  1. Pareciera una ley “unitaria” en un país federal, ya que el Estado Nacional sería quien efectuaría todas las expropiaciones de los predios ocupados (excepto los en tierras fiscales nacionales). Esto parece un contrasentido, ya que pasaría por alto las incumbencias provinciales y municipales. Estos niveles de gobierno deben intervenir en todas las instancias y todo el proceso debe estar acorde a su legislación.
  2. Concentrar en sólo un instrumento, la expropiación, parece simplificar al extremo los mecanismos disponibles para la regularización dominial, habiendo otros, inclusive menos costosos y que requieren menos tiempo. Ya existen numerosos leyes de expropiación provinciales esperando ser concretadas y surge la inquietud si con esta propuesta de ley se vuelve atrás en estos procesos. Por otra parte, el organismo seleccionado, la Agencia de Administración de bienes del Estado, no tiene antecedentes en programas de regularización dominial, sino por el contrario fue responsable de muchos desalojos, actualmente está fuertemente abocada a la subasta de inmuebles públicos.
  3. Si uno de los objetivos a lograr fuera la expansión de los servicios públicos para mejorar la calidad de vida, debería garantizarse una fuerte inversión en infraestructura, que no parece fuera posible en un contexto de ajuste del gasto público. Es necesario además involucrar a organismos de regulación provincial e inclusive empresas de este nivel. Por otra parte, se requiere garantizar el acceso a tarifa social y no convertir esto en sólo un ingreso de los asentados al mercado de los servicios.  La figura del fideicomiso no es necesaria para ello, e inclusive puede resultar muy costosa; agregando, a su vez, menos transparencia en los modos de gestión del presupuesto.
  4. No queda clara la participación de los vecinos en este proceso en cada barrio y cómo lograr la integralidad de la mejora del hábitat.
  5. No queda claro cómo proceder en zonas de riesgo ambiental o donde se necesita adquirir más suelo para bajar la densidad poblacional.
  6. Debe lograrse una mejor consolidación de la información, en particular de la situación dominial de los barrios.

No obstante, hay un punto que de lograrse sería un gran logro para los habitantes que viven con constante miedo a ser expulsados de sus lugares: la suspensión de desalojos. Esto está contemplado para un plazo de dos años, lo que debería ampliarse.

María Cristina Cravino (CONICET-UNGS)

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