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Por una política sustentable de desarrollo integral y evolutivo de barrios

El proyecto de ley es una propuesta largamente requerida por las familias de los barrios precarios, ong`s y universidades que reclamaban la situación de violación del derecho a la vivienda y la ciudad de más de 4000 asentamientos en el país. Situación que gracias, al decreto y actualmente la ley, se puede visibilizar y registrar su número y localización.

Este proyecto va a dar una respuesta puntual al vacío de políticas para este sector, que para poder tener un lugar donde vivir, se ve obligado a ocupar tierras. Situación que lo excluye aún más, de otros derechos civiles elementales y queda expuesto a riesgos, inseguridad social, policial y jurídica, que se agudiza en situaciones de desalojo forzoso, los cuales, en muchos casos no respetan los acuerdos de convenios internacionales y de derechos humanos perjudicando a los más vulnerables.

La declaración de interés del tema de integración socio urbana, permitirá destinar recursos y análisis críticos que aporten a encontrar las mejores alternativas para alcanzar los objetivos planeados con sostenibilidad.

La presentación de este proyecto, podría ser una excelente oportunidad para profundizar el análisis y propuesta de un tipo de propiedad que promueva la tenencia segura para el sector popular, frágil a las presiones del mercado especulativo. Existen experiencias Latinoamericanas que nos pueden servir de ejemplo positivo como la ley de vivienda uruguaya que reconoce la propiedad colectiva, o la propuesta Brasilera de la Zona especial de interés social, usucapión colectiva, etc. Instrumentos que contribuirían a que el esfuerzo que realice el Estado para el cumplimiento de un derecho de los sectores excluidos, sea sostenible en el tiempo, eficaz y eficiente para su implementación. Con este tipo de propiedad, se simplificaría y reducirían costos y tiempos de traslación de dominio por la reducción de personas jurídicas, y a su vez, se promoverían las condiciones para llegar a acuerdos de convivencia social, ambiental, productiva, etc. a través de reglamentos internos o “cartas del barrio” como normativas integrales y flexibles a desarrollar en los territorios a regularizar. Por el contrario, políticas que basaron la integración de los sectores empobrecidos, exclusivamente, a través de la figura de propiedad jurídica privada como en Perú, y otros países promovidos por la teoría de De Soto fracasaron en la reducción de la pobreza urbana o de la desigualdad social. La titularidad jurídica no implica seguridad en la tenencia en los sectores vulnerables.

Otro aspecto esencial a incorporar en la ley, son mecanismos de gestión del suelo considerando el uso social de la tierra para los asentamientos en los que se evalúe la necesidad de relocalización y/o para banco de tierras e inmuebles para el efectivo desarrollo de políticas socio habitacionales en el largo plazo, y no sólo, como reparación puntual y correctiva.

Se valora positivamente, la articulación con organizaciones de la sociedad civil y de base, que participaron activamente en el Registro de Barrios y Viviendas Informales, aunque en la nueva ley, no se clarifica un rol efectivo para estos actores. La necesidad de coordinación consistente y sistemática de articulación interprogramática (internivel gubernamental, inter áreas de trabajo e intersectorial con organizaciones de base, ong´s, universidades, etc.) requiere el diseño de espacios de información transparente en tiempo y forma, análisis y propuesta colectiva que permita abordar la complejidad y la diversidad de casos localizado en distintas áreas del país y garantice la participación efectiva de los distintos actores que contribuyen al proceso de Mejoramiento integral de barrios valorando la diversidad.

El gran avance realizado con el registro de Barrios Precarios, podría sostenerse en el tiempo y profundizarse en la geo-referencia específica de grupos vulnerables mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como, ancianos y personas con capacidades diferentes o en situación de riesgo por enfermedades psico-sociales o adicciones o la consideración de personas de poblaciones originarias o migrantes en situación de precariedad para priorizar su contención y respuesta específica.

En cuanto a la gestión de recursos a través de un fideicomiso se considera un inicio, pero sería importante considerar un Fondo Nacional permanente para trabajar en asentamientos y áreas precarias, con presupuesto específico de las políticas públicas de acceso a la tierra y vivienda.

Este proyecto es un gran avance y una oportunidad para enriquecerlo con aspectos cualitativos que permitirían pasar de una acción política puntual y sectorial reparadora (tal vez oportunista), a una política sustentable de desarrollo integral y evolutivo de barrios.

Mariana Enet
Asesor socio urbano independiente

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