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Comentarios sobre el proyecto de “Regimen de integración socio urbana y regularización dominial”

El proyecto de ley, si bien emerge como una oportunidad de integración socio urbana de los asentamientos informales (Barrios Populares), y como posibilidad de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, genera sentimientos contrapuestos. Por un lado la satisfacción de saber que el gobierno presta atención a los sectores en situación de pobreza socio habitacional y por otro cierta preocupación en relación a dos aspectos, entre otros, que comentaré a continuación.

¿Porqué ley de expropiación? Es un proyecto que se basa principalmente en la expropiación de tierras, con la finalidad de que pasen a dominio público y luego sean transferidas a sus actuales ocupantes. Sin embargo un porcentaje de las tierras relevadas por el RENABAP ya son del Estado, por lo tanto no es necesario expropiarlas, pero sí continuar con las gestiones para que sean finalmente transferidas a sus actuales ocupantes. Por otro lado ya existe la posibilidad de expropiar tierras, a través de las leyes provinciales que hay en la mayoría de las provincias del país. Es el caso del Área Metropolitana del Gran Resistencia, donde se estiman 166 asentamientos informales (Relevamiento de Asentamientos informales 2016 TECHO), de los cuales un gran porcentaje poseen ley de expropiación provincial, en trámite.

En igual orden de importancia, otra preocupación se relaciona con los posibles desplazamientos de la población, denominado proceso de gentrificación. A partir de la regularización de tierras, estaremos frente a un cambio del valor de estas. Entonces ¿Qué pasará si esto ocurre?, tanto con los habitantes como con el mercado. Basándome en innumerables procesos similares a lo largo de toda América Latina, se puede decir que un gran porcentaje de habitantes de estos asentamientos tienen escasas posibilidades de afrontar los costos que significan el ingreso a la vida urbana formal, en determinados lugares de la ciudad; y por otro lado el mercado inmobiliario con interés de comprar esas tierras a bajo costo, para instalar otro tipo de emprendimientos. La tierra, en estos casos, pasaría a ser un bien de cambio, es decir no estaríamos hablando de integración urbana, sino de procesos de desplazamiento de la población, motivada por aspectos, económicos, sociales, habitacionales, políticos y urbanos.

A modo de reflexión y en consonancia con la reciente aparición del debate en cuestión, continúo en este camino de interrogantes más que de certezas y me pregunto además: ¿es un proyecto de ley que responde a las necesidades reales de la población en situación de exclusión urbana?, ¿fue debatido con las personas que padecen esta situación? ¿Surge del consenso de todos los actores sociales involucrados?

Mg. Arq. María Bernabela Pelli
Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

 

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