El proyecto de “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial” simboliza un avance en cuanto reconoce la problemática y la necesidad de dar respuesta a la situación de inseguridad en la tenencia en la que se encuentran millones de personas en la Argentina. En este sentido, consideramos que el proyecto de ley tiene el mérito de ser percibido como una conquista de organizaciones de base y de la sociedad civil, y la potencialidad de resultar una herramienta útil para brindar soluciones a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, tal como el proyecto de ley está elaborado carece de algunas definiciones que consideramos fundamentales. En primer lugar, el proyecto de ley no hace hincapié en el reconocimiento de los derechos de los/as pobladores/as de los barrios populares. Éste debería explicitar que se garantizará el derecho a la vivienda y al hábitat digno, a la seguridad en la tenencia, a la permanencia y a la participación a todos/as los/as afectados/as a través de la prestación adecuada de servicios públicos, la construcción y mejora de las viviendas, la provisión de equipamiento social e infraestructura comunitaria, la integración urbana mediante la accesibilidad y la conectividad, la contemplación de diversos instrumentos urbanísticos de regularización dominial, el desarrollo de mecanismos que garanticen la participación vecinal, entre otros.
En segundo lugar, nada define acerca de los términos, condiciones y modalidades bajo las cuales se desarrollará el proceso de regularización dominial, centrándose la redacción en las facultades que posee el Estado para adquirir la tierra, sin dejar claro cómo se procederá después de ello. En relación a esto último, entendemos que, a los fines de viabilizar los objetivos de la ley y teniendo en cuenta los excesivos gastos de la expropiación, la ley debería contemplar instrumentos alternativos para posibilitar la regularización de la tierra, como la prescripción adquisitiva.
En tercer y último lugar, para evitar el desplazamiento poblacional una vez regularizada la tenencia, como también el reingreso de las tierras al mercado, se deben articular políticas públicas que acompañen la regularización dominial. De esta forma, resulta necesario que el proyecto de ley, describiendo obligaciones estatales concretas, asegure respuestas a las necesidades de los pobladores independientemente de su capacidad de pago, bajo el entendimiento de que el centro de la ley debe ser la integración socio urbana de los barrios populares y el reconocimiento del derecho de los/as pobladores/as a permanecer en ellos.