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Aproximaciones a la teoría y práctica del proyecto inclusivo.

Este articulo está organizado en tres partes: En primer lugar, a modo de introducción, intentaremos plantear sintéticamente el contexto del trabajo del proyectista, determinado por la realidad de las necesidades habitacionales y las políticas públicas en Argentina; luego, comentaremos brevemente el estado de la cuestión en relación a las políticas de mejoramiento habitacional y a la radicación de villas y asentamientos; para finalmente llegar al aporte especifico de este texto.

Iniciaremos el análisis de los problemas principales con los que nos encontramos los profesionales del hábitat al realizar proyectos urbanos para villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Estas reflexiones se referirán a la experiencia realizada por los autores como parte de Proyecto Habitar, durante 2012, para la producción participativa del proyecto urbano de re urbanización de Los Pinos, Soldati, Ciudad de Buenos Aires1.

El contexto de actuación de los proyectistas. El déficit de vivienda y las políticas públicas.

Como han expresado ya varios autores, el espacio urbano expresa la estructura socio-económica al tiempo que la co-constituye (Castells, 1976; Topalov, 1979; Harvey, 1977). El problema del acceso a la tierra es estructural en nuestro país, y afecta centralmente la posibilidad de resolver las necesidades habitacionales. Desde su origen, esta situación de necesidad se sostiene, con matices, así como el perfil de nuestro país como productor de materia prima, con una economía dependiente y una distribución desigual de la riqueza. Dejaremos un momento este aspecto estructural, para centrarnos en la necesidad de viviendas, su producción y distribución. Según datos del INDEC el 25,4% de los hogares de Argentina (3.095.312 hogares), posee algún tipo de déficit de vivienda. Por otra parte, en la Argentina sobre 13,8 millones de viviendas, 2,5 millones están deshabitadas (INDEC.2010). Los números eximen de comentarios mayores, las viviendas deshabitadas prácticamente igualan las necesarias para superar el déficit, podemos observar que hay un serio problema de distribución, no hay déficit en términos físicos, sino en términos sociales.

Las posibilidades de acción de arquitectos y urbanistas en relación a la población en situación de déficit habitacional están condicionadas – por las condiciones materiales de la población necesitada- a la acción en las políticas públicas y el trabajo voluntario. Estos son campos de acción que adoptamos desde proyecto habitar, en la investigación, la docencia y nuestro trabajo profesional. Desde la experiencia y la reflexión en estos campos, es que exponemos estas líneas.

Resulta significativo resaltar que las políticas públicas actuales han sido más activas que sus predecesoras. Según divulgan datos oficiales, se han construido más de 900.000 soluciones habitacionales en el periodo 2003-2012, lo que supera lo actuado por el Estado en los 30 años anteriores. Sin embargo, para ir un paso más allá, observaremos cuales son las características del déficit habitacional y su evolución en los últimos años.

En este cuadro (Putero, 2011), se observan dos cuestiones importantes: cuantitativamente el déficit no ha variado significativamente, y tampoco lo ha hecho en la proporción entre viviendas recuperables e irrecuperables2.

Las políticas públicas han ido incorporando crecientemente programas que abordan el problema con mayor complejidad o integralidad – el Programa de Mejoramiento de Barrios o el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios por citar dos casos significativos- que dan lugar al mejoramiento, articulan la inversión pública y la producción social del hábitat. Sin embargo, en términos cuantitativos, si vinculamos las características del déficit y las de la inversión pública, analizando los datos oficiales, existe actualmente una marcada ineficacia en la distribución de la inversión pública en políticas que tiendan a disminuir el déficit habitacional. Mientras el 77.77% de la viviendas en situación de déficit es recuperable, y el 22.23% irrecuperable, las proporción de las políticas es inversa, se destina el 72.4% de la inversión pública a la construcción de viviendas nuevas, y solo el 27.6% a los programas, subprogramas y proyectos que aportan soluciones habitacionales destinadas a viviendas recuperables.

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