Las problemáticas de los Grandes Conjuntos Habitacionales de Vivienda construidos con fondos públicos en las décadas del 60, 70 y 80, denominados los “con techo”, continúan deteriorándose aún con intervenciones puntuales por parte de los sucesivos gobiernos locales. Sus consecuencias no se circunscriben a los mismos sino que se extienden, por afinidad, al entorno, sin solución de continuidad, impactando en el tejido social y espacial donde se encuentran ubicados.

El artículo da cuenta del concepto ampliado de rehabilitación, presenta experiencias y normativas europeas y locales, en particular un programa local desarrollado en el Barrio Pte. Illia de Mantenimiento Asistido y Participativo, para esbozar lineamientos generales sobre organización comunitaria para la rehabilitación de viviendas y sus entornos con la necesaria formación de recursos técnicos.

Los gobiernos locales debieran comprender y enfrentar el desafío de recuperar técnica y socialmente el patrimonio construido. Surge la necesidad de contar con una planificación apropiada para la organización comunitaria y rehabilitación, garantizando calidad de vida e integración socio territorial del conjunto al barrio. Se trata de revitalizar los entornos construidos, encontrar formas alternativas de (co)gestionar los recursos y fomentar el surgimiento de identidades propias, apuntalando la formación de los vínculos sociales, en pos de asegurar el albergue material como un bien seguro y durable en el que la vida familiar y social puedan desarrollarse en condiciones de justicia socio-espacial.

“… Conozco a todo el mundo … (hoy) no conozco a nadie …”

Entrevista a una vecina, ex delegada del Barrio Pte. Illia. 22/06/2019

1.- EL PROBLEMA DE LOS “CON TECHO”

La dinámica urbana produce permanentemente procesos de desigualdad espacial, de exclusión e inclusión, devaluación y valorización, destrucción y creación. La ciudad es un proceso en permanente reestructuración, donde algunas áreas están incluidas en el proceso de apreciación del capital y otras se precarizan o se vuelven obsoletas desde/por el mercado.

La ciudad ya no se concibe en su totalidad. El proceso de creación y recreación de las igualdades espaciales tiene como efecto su fragmentación y de los sujetos que viven en ella.

La segregación urbana alude a formas espaciales que adopta la distribución residencial de los distintos estratos socioeconómicos, asociadas a las modalidades diferenciales de producción del espacio, que encuentran su expresión material en los distintos tipos de hábitats, siendo los conjuntos habitacionales ejemplo de ello.

Uno de los derechos urbanos como contribución a la renovación de la cultura política en la ciudad es el “derecho al lugar”, entendido como derecho de los habitantes a mantener su residencia en el lugar donde tienen sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Rolnik desarrolla el concepto de “derecho a la vivienda adecuada” en contraposición a la provisión o construcción de casas. A partir de una ubicación, permite el acceso a las oportunidades que brinda el barrio, la ciudad, que “convierte en dignas a las personas”. La idea de vivienda adecuada parte de un abordaje multidimensional sobre la cuestión habitacional, como aspecto de la red de derechos humanos básicos.

Los modos de producción de la vivienda social se constituyen no sólo en escenarios claves de disputa y de encuentro o desencuentro entre los valores técnicos, estéticos, simbólicos y ambientales de quienes diseñan las viviendas, las construyen y finalmente quienes las habitan, sino también la relación entre el habitar y el hábitat como relación cultural (es decir, prácticas de producción de vivienda que ponen en juego ciertas producciones de sentido y ciertos valores y normas colectivamente reconocidos).

Yujnovsky define la vivienda desde sus prestaciones sociales como una configuración de servicios –los servicios habitacionales- que “…deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras”. Ampliando esta definición, Sepúlveda (1) adjunta a servicios la categoría de bienes y la dimensión urbana, de modo que debiera considerar bienes y servicios del hábitat en configuraciones territoriales complejas… pues se trata de dar cuenta de procesos socio-espaciales complejos.

El modelo de ciudad desarrollado en los ‘60/70/80 ha provocado al menos la polarización social y espacial, contribuyendo a la existencia de una relación territorio-exclusión social que el modelo de desarrollo urbanístico ha materializado en grandes conjuntos habitacionales construidos por el Estado. Hoy continúan deteriorándose aún con intervenciones puntuales durante las sucesivas administraciones locales. Sus consecuencias se extienden, por afinidad, al entorno, impactando en el tejido social y espacial donde se encuentran ubicados.

Dichas políticas habitacionales aplicadas basadas en la producción de viviendas “llave en mano” financiadas por fondos públicos han estado orientadas a disminuir físicamente el déficit centrando el foco en quienes estadísticamente no “tuvieron vivienda”. Su volumen nunca llegó a resolver más del 15 o 20% de la demanda social. Se efectivizaron mediante programas centralizados que no tuvieron interés en la calidad integral del hábitat, sino en garantizar una producción sostenida de unidades habitacionales, sin políticas de suelos, sin reconocer a los usuarios o ser demandantes anónimos, operando en grandes áreas de borde como complejos autónomos o sitios donde se depositaron “artefactos” habitables, respondiendo en general a sistemas clientelares de la oferta. La respuesta fue la producción de viviendas caras e inapropiadas y sectores urbanos propensos a una rápida degradación que demostraron su inviabilidad social y urbana, las cuales se transformaron a su vez en un nuevo tipo de problema, denominado los “con techo”.

El universo de conjuntos habitacionales a nivel nacional, mayores a 50 unidades, arroja un total de 691 con 238.431 unidades de vivienda distribuidos en su mayoría en el AMBA, Neuquén y Santa Fe. En particular en CABA el total es 56 conjuntos con 18.266 unidades y los menores a 50 unidades suman 21 conjuntos con 756 viviendas . Si se estima un promedio de 4/5 habitantes por vivienda, el total abarca una población aproximada de 1.000.000 habitantes total (Bekinschtein et al, 2013:43/81)… cuestión superada ampliamente por convivir más familias por vivienda.

Si consideramos la política habitacional incluida en las políticas sociales, y entendemos que esta construye sujetos sociales, en dicho período la producción de los complejos centró su objetivo en una necesidad constituida por “sujetos homogéneos, pasivos, unidimensionales… pagadores de créditos” (Sepúlveda et al. 2006:44). Dichas políticas públicas son ejemplos que contribuyeron a la segregación y a procesos de exclusión y deterioro.

Efectivas políticas y actuaciones estatales, entendidas como sistemas complejos, dirigidas a garantizar el acceso a un hábitat digno generan programas intersectoriales con participación de todos los actores que rompan con la lógica del modelo de asignación de vivienda y planteen alternativas de producción-financiación-tenencia segura.
Los conjuntos, históricamente inmersos en conflictos sociales, legales, administrativos, técnicos-constructivos, urbano-ambientales y económico-financieros; constituyen un patrimonio construido que los gobiernos locales deben comprender y enfrentar el desafío de su integración y recuperación técnico-social.

Surge así la necesidad de contar con una planificación apropiada para la organización comunitaria y rehabilitación que permita identificar, diseñar y gestionar estrategias de intervención a partir de metodologías dinámicas y participativas que generen procesos asociativos, empoderamiento comunitario, garantizando calidad de vida e integración socio-territorial del conjunto al barrio, con actores involucrados que articulen acuerdos, consensos o concertaciones de intereses. Se trata de revitalizar los entornos construidos, encontrar formas alternativas de (co)gestionar los recursos y fomentar el surgimiento de identidades propias, apuntalando la formación de vínculos sociales.