En el presente artículo proponemos un análisis sobre las principales consecuencias que tanto las políticas de erradicación y/o radicación de barrios populares instrumentadas desde el sector público han propiciado en términos de generación de procesos de inclusión urbana.

Introduccion

El debate actual sobre los modos de intervenir en el hábitat popular involucra distintas posiciones que, aun a riesgo de simplificar la problemática, pueden ser caracterizadas en dos grandes grupos: por un lado, aquellos que entienden que el modo más efectivo de garantizar un hábitat saludable a los sectores allí residentes es a partir del despliegue de procesos de relocalización o erradicación, y por otro, aquellos que sostienen que el tema debe ser abordado, hasta donde sea sostenible, desde una óptica tendiente a la consolidación o radicación de las estrategias de urbanización desarrolladas por los propios habitantes de estos entornos.

En el presente artículo nos proponemos arrojar luz sobre las principales consecuencias que, en términos de promoción de políticas públicas y conformación del hábitat, ambas posturas han determinado; partiendo del supuesto de que, más allá de los argumentos esgrimidos por cada una de las posiciones descriptas, al estar el debate sobre los modos de intervención en el hábitat popular mayoritariamente vinculado a la problemática específica de la generación de vivienda, en prácticamente ninguno de los casos estas posiciones han logrado devenir en verdaderos procesos de inclusión urbana para los sectores destinatarios de las políticas en cuestión.

Para ello, desarrollaremos en la primera parte del trabajo, un resumen del estado de la cuestión (en términos de construcción del debate) vinculado al tema, para, seguidamente, analizar las principales normativas y programas vinculadas a la atención del déficit habitacional desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XX. El objeto de este recuento es el de construir un derrotero de la acción estatal y sus principales consecuencias, observando hasta qué punto dichas políticas han implicado acciones que superen la incumbencia específica de la problemática de la vivienda (1).

Por último, y a nivel de las conclusiones preliminares de este trabajo, intentaremos analizar las principales consecuencias que en términos de evaluación de las consecuencias urbano/territoriales y desarrollo de una agenda urbanamente inclusiva, dichas políticas han promovido; formulando, asimismo, una serie de lineamientos generales vinculados a posibles modalidades de acción vinculadas a las temáticas descriptas.

Relocalización o consolidación: Debates.

En defensa de las estrategias de relocalización se ha argumentado, no sin razón y en reiteradas ocasiones, que los entornos donde las más de las veces se asientan los barrios populares presentan condiciones urbanas insalvables que no pueden ser resueltas por ninguna acción de carácter parcial tendiente a recomponer gradualmente sus problemáticas, y que incluso en el caso de poder éstas ser parcialmente recompuestas, constituirían en el mejor de los casos un paliativo que de manera alguna podría jamás llegar a igualar la posición en la ciudad de otros sectores. Desde esta perspectiva se enumeran, en términos generales, las cualidades ambientales y edilicias que caracterizan a estos barrios como algunas de las constitutivamente deficitarias respecto a las predominantes en la ciudad reconocida.

Esta posición pretendidamente radical desde la que se argumenta por un cambio “estructural” de las condiciones de acceso a la ciudad de los sectores populares, sostendrá (a grandes rasgos) que es el Estado quién debe garantizar ese cambio y que aquellos planes tendientes a consolidar la situación barrial existente serán, en última instancia, instrumentos de afianzamiento de las diferencias de clase existentes entre los sectores sociales que habitan fuera o dentro de estos barrios. En tanto que, para el último de los casos, la falta misma de normativas que regulen el uso del suelo y las condiciones de edificación terminan (entre otros déficits) por someter a quienes efectivamente allí residen a desarrollar su vida en condiciones de clara indignidad.

En términos urbanos, estas estrategias serán también criticadas por propender a la propagación de un modelo de “ciudad extendida” (baja densidad de ocupación del suelo y grandes extensiones urbanizadas) donde, por su propia cualidad expansiva, en el mejor de los casos, se asegurarán viviendas e infraestructuras básicas, al precio de recibirlas cada vez más alejados de los lugares de trabajo (2) de quienes allí pasen a residir, produciendo consecuentemente, una escisión entre el derecho a la vivienda y el acceso a la ciudad. Se argumentará entonces, desde una perspectiva cercana a la relocalización, que la reubicación en la ciudad de estos sectores debería garantizar una situación aún más beneficiosa que la originaria, dando por resultado un modelo de “ciudad compacta” (Rueda1998), caracterizado por el aumento de las densidades urbanas ya existentes a partir de la incorporación de los sectores hasta ahora segregados.

En sentido contrario, en favor de las estrategias de consolidación de los entornos urbanos no reconocidos se esgrimirá que las mismas se caracterizarán por propiciar sus mejoramientos, reconociendo al hábitat popular existente a partir, no sólo de sus conflictos y de sus condiciones materiales muchas veces deficitarias, sino también señalando algunas de las cualidades que, en tanto patrimonio social a ser respetado y optimizado material y sobre todo socialmente presentan, constituyendo, por ende, un modelo de urbanización menos “fisicalista” que el anterior, primado, si se quiere, por las relaciones sociales entre las personas.

La crítica al modelo de pretendido “cambio estructural” será hecha incluso desde una perspectiva también estructuralista, afirmando que aquél ha olvidado el análisis de las condiciones objetivas de la sociedad (y de los sectores populares que residen en estos barrios) para establecer su agenda; y que por tanto, lo que por ellos es presentado como una propuesta de máxima, constituye en sí mismo un idealismo insalvable, verdadero retardador de cualquier proceso de cambio social.

También se argumentará, desde aquí, que la promovida equiparación de clase a ser otorgada para los sectores desplazados constituye en sí misma una de las bases de su idealismo, en tanto que ello implicaría la realización de cambios que exceden la órbita de a arquitectura y el urbanismo, y que en muchos casos se omite explicitar de qué manera se realizarían éstos, teniendo en cuenta, como ya dijimos, las llamadas por unos, “situaciones objetivas de la clase obrera y la sociedad en su conjunto” y por otros, “coyuntura y relación de fuerzas de la clase trabajadora”. Desde esta perspectiva, el buscado planteo de “máxima” constituiría, como ya marcamos, en sí mismo el factor retardante de cualquier proceso de cambio social, en tanto que, tras acusar a todo avance parcial de complicidad con el sistema capitalista, posterga a la peor de las condiciones la situación de los principales afectados por la falta de acceso a la ciudad.

Asimismo, el modelo de “ciudad compacta”, será también evaluado negativamente en relación con el aumento de densidades propuesto, endilgándosele una falta de reconocimiento de las formas de habitar de esos sectores, que ven en los modelos de viviendas en lote propio la posibilidad de ampliar o modificar con mayor facilidad las viviendas originarias, adecuándose éstas a sus requerimientos que, incluso, han incluido en los últimos años, para los casos de los barrios ubicados en los sectores más consolidados de las metrópolis, su propio crecimiento en altura (Cravino 2009). En lo que podríamos describir como un nuevo modelo de “Ciudad inicialmente difusa espontáneamente compactada”.