Por otro lado, también se hacía referencia a las características constructivas y materiales, ya que se definía un 60% máximo para la utilización de “madera” o derivados de la misma. Sin importar el segmento de crédito, las viviendas debían cumplir con las condiciones de seguridad, con o sin seguro de incendio.
En términos de calidad de diseño y constructiva, el programa ponía a disposición diversos prototipos de vivienda para diferentes medidas de terreno y ubicación geográfica, que preveían la ampliación posterior a la cancelación del crédito en su mayoría. Por otro lado, el programa contemplaba la finalización de la obra previo al último desembolso.
Hasta aquí, se seleccionaron algunos fragmentos de la información disponible que entendemos significativa a la hora de comprender la morfología urbana y territorial que se configura. En relación al acceso al suelo urbano encontramos como datos, el grado de ocupación y las preexistencias admitidas, las características de la calidad urbana mínima y el valor mínimo y máximo para solicitar el crédito. Todos ellos definen qué tipo de suelo admite la solicitud del crédito y por lo tanto qué zonas urbanas son para el mercado nuevas oportunidades de negocio. Podemos arriesgar la ubicación de los terrenos, ya que los valores máximos y mínimos, prefiguran la imagen del paisaje periférico rur-urbano.
En relación a la calidad espacial, encontramos definiciones vinculadas al grado de finalización de la obra, de su alcance organizativo mínimo, de materialidad y de proyecto. Estos datos nos permiten prefigurar los elementos que a partir de la implementación del crédito se agregaran al paisaje urbano. Podemos comprender, por ejemplo, la densidad que se propone, ya que desde el monto máximo del crédito y las preexistencias admitidas podemos inferir que la densidad resultante es baja, de una o dos viviendas por lote.
La calidad arquitectónica también se prevé en el armado del programa, al brindar diferentes tipos de proyectos adaptables para ser aprobados por cada municipio. Al mismo tiempo, es una condición del crédito finalizar la obra de la unidad presentada previo desembolso final. Dichas características resultan fundamentales a la hora de prefigurar la calidad de los elementos arquitectónicos y por lo tanto la calidad del paisaje urbano resultante.
Extremando y multiplicando las características físicas que se desprenden de los datos seleccionados, podemos esbozar resultados urbanos configurados y anticiparnos a una imagen resultante:
Fuente: elaboración propia. Imagen compuesta con los siguientes parámetros:
Localización: Sector intermedio o periférico del área urbana considerado como Subárea Semiurbanizada según ley 8912.
Tamaño de lote: 12 m x 36 m (según art. 52 ley 8912)
Tamaño de manzana: 150 m x 50 m (según art. 52 ley 8912)
Ancho de calles: 15 m
2.2 LÍNEA AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN
En la página oficial del programa se expresa que la línea de AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN “está destinada a aquellas familias que cuenten con una vivienda construida ya sea en un terreno propio o de un familiar directo (padre, hijo, cónyuge o concubino/a) y que deseen ampliar o terminar la misma”.
En las bases y condiciones se refieren al inmueble sobre el cual se localizaría la obra, expresando que debe ser de titularidad del solicitante, su concubino/a, padres o hijo. Aquí se hace referencia al inmueble y no al terreno, es decir, puede tratarse del dominio total sobre la vivienda y el terreno o el dominio de la vivienda y de una parte del terreno, tales como los casos de propiedad horizontal, en tanto la estructura de la vivienda edificada sea susceptible de ampliación o terminación.
Como en el caso de la línea de construcción, el inmueble debe encontrase ubicado en una “zona urbana o semi-urbana consolidada (con infraestructura de servicios –mínimamente contar con tendido eléctrico y acceso a medios de transporte–) sobre calle o camino trazado y en una zona no inundable”.
Se definen en las bases los valores mínimos de los inmuebles aptos para la solicitud del crédito según ubicación geográfica de alcance nacional, que varían entre 150.000 pesos para AMBA, Neuquén (capital) y Tierra del Fuego y 90.000 pesos para Chaco, Misiones, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa.