En las ciudades latinoamericanas, la complejidad que presentan los problemas ambientales requiere de soluciones integrales que aborden las desigualdades sociales en relación con los procesos de segregación territorial. No obstante, las políticas públicas urbanas en la región, tradicionalmente se han orientado hacia la construcción de viviendas y rara vez han incorporado la cuestión ambiental como componente para la mejora del hábitat.

En Argentina, hacia fines del siglo XX, surgen los programas de mejoramiento del hábitat como el Programa Mejoramiento de Barrios (Promeba), que incorporan una mirada integral y multisectorial en el abordaje de la cuestión urbana, más allá de la problemática específica de la vivienda. Se trata de políticas que intervienen en territorios ya ocupados, completando la infraestructura y realizando acciones de saneamiento ambiental. En Villa Tranquila, Avellaneda, desde el 2004 y mediante el Promeba se realizaron gran cantidad de intervenciones de índole ambiental que aportaron, en mayor o menor medida, a la inclusión social de los habitantes del barrio.

En un contexto de crisis ambiental mundial, cada día se agravan en forma acelerada los problemas de escasez y contaminación de recursos naturales como el suelo, el agua y el aire, al mismo tiempo en que los residuos que las actividades humanas generan no se manejan adecuadamente (PNUMA, 2016). Estas situaciones, producen constantemente impactos negativos sobre los seres humanos y sobre otras especies. Algunos datos ilustran esta situación: la escasez de agua potable afecta a un 40% de la población mundial (O.M.S., 2012), y el 90% de los habitantes del planeta respiran aire con altos niveles de contaminantes (O.M.S., 2018).

En Argentina, como en el resto de Latinoamérica, la problemática ambiental presenta otra complejidad, ya que se inserta en un contexto donde las desigualdades socio-espaciales se profundizan con el correr de las últimas décadas incorporando múltiples dimensiones. Los distintos grupos sociales poseen diferentes posibilidades en el acceso y ocupación del suelo, y esta situación genera una distribución inequitativa de los costos ambientales de tal forma que deja a los más pobres en los lugares más degradados ambientalmente.

Se conforma así una nueva dimensión de la desigualdad que refiere a la injusticia ambiental (Guimarães, 2003; Merlinsky, 2013, Svampa y Viale, 2014): mientras algunos sectores sociales disfrutan de los beneficios del uso económico de la naturaleza, los sectores de menores ingresos y mayor vulnerabilidad social sufren importantes costos ambientales al quedar expuestos cotidianamente a una contaminación severa del agua, del aire y de la tierra que habitan (Auyero y Swistun, 2008; Martínez Alier, 2004).

La cuestión ambiental en las ciudades es un tema de debate que ha tenido un crecimiento importante en los últimos tiempos. Gudynas (2009) destaca que las ciudades consumen gran cantidad de recursos de la naturaleza y producen enormes cantidades de desechos que son vertidos en ella. El aire es contaminado por gases peligrosos, los cursos de agua reciben efluentes cloacales e industriales indigeribles, y el suelo es rellenado con volúmenes inmanejables de residuos sólidos. Así como sucede en otras metrópolis latinoamericanas, en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) los principales problemas ambientales están relacionados con la utilización del agua, del suelo, del aire y del manejo de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, la RMBA presenta también características particulares en estas problemáticas. Los sistemas de agua corriente domiciliaria están lejos de abastecer a la totalidad de la población, y muchas veces presentan problemas de escasez en su caudal. Asimismo, los pozos de extracción proveen agua de mala calidad ya que las napas se encuentran contaminadas en muchos lugares por líquidos cloacales y efluentes industriales. El aumento de las áreas construidas que disminuyen superficie de suelo absorbente y la ubicación de barrios cerrados sobre humedales generan inundaciones cada vez más importantes. La falta de tratamiento de los gases industriales y la carencia de normas que regulen las emisiones del parque automotor generan contaminación en el aire. La recolección y disposición de los residuos urbanos presenta problemas de gestión y alcance, generando basurales a cielo abierto (Di Pace, 2007).

El municipio de Avellaneda, así como sucede con otros partidos de la RMBA, concentra un cúmulo de problemas ambientales, que afectan profundamente a sus habitantes. Se trata de una zona con gran cantidad de industrias químicas, del cuero, y de producción de alimentos, entre otras. El Polo Petroquímico en Dock Sud ocupa el mayor sector industrial del partido, y las actividades que allí se desarrollan no son controladas adecuadamente: contaminan las aguas superficiales y subterráneas con sus efluentes que contienen metales pesados como plomo, cromo y cobre. Los cursos de agua más contaminados son el Riachuelo y el canal a cielo abierto del arroyo Sarandí. Asimismo, las industrias junto con la gran cantidad de basurales a cielo abierto, son los responsables de otro tipo de contaminación como la de los suelos y los malos olores. El deterioro ambiental del partido se completa con el problema de las inundaciones producidas por una parte por causas naturales como el fenómeno de sudestada y la elevación de las napas, y por otra parte por factores inducidos como la impermeabilización de suelos y costas y el entubamiento de arroyos. Por estas razones, los pobladores del municipio se encuentran expuestos a enfermedades respiratorias, dermatológicas y hasta neuronales (Priano, 2007).

Frente a la complejidad de las problemáticas ambientales en las metrópolis, y según diversos estudios que caracterizan las políticas públicas urbanas en el caso de la RMBA, tradicionalmente éstas no han logrado impedir que perduren los problemas ambientales que sufren los sectores populares (Merlinsky, 2013).

Asimismo, las políticas urbanas tampoco han brindado respuesta a las necesidades de esos mismos sectores, en gran medida porque el déficit de localización reserva las centralidades y las tierras de mejor calidad para la especulación inmobiliaria, aspecto que contribuye a la fragmentación socio-territorial y profundiza la segregación social (Rodríguez y Di Virgilio, 2011).
Frente a esto, las políticas de mejoramiento del hábitat, como el Promeba, resultan superadoras en relación a la política urbana habitacional más tradicional, enfocada sólo en la construcción de viviendas nuevas (Rodulfo, 2008). Dichas políticas abordan las problemáticas del hábitat de manera integral, diversificando los tipos de intervención, incluyendo otras temáticas que conforman la ciudad, como la infraestructura, el equipamiento y la participación social, y promoviendo la capacidad de organización de las comunidades. Además, a partir del diagnóstico de los riesgos ambientales, las políticas de mejoramiento realizan acciones de saneamiento en el espacio público, como las defensas contra inundaciones o la regeneración de espacios verdes.