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Una mirada ambiental sobre la inclusión. El caso del PROMEBA en Villa Tranquila, Avellaneda

 

La dimensión ambiental de las políticas urbanas

Atravesadas por concepciones de gobierno rígidas, jerárquicas y sectoriales en sus estructuras (Rodulfo y Boselli, 2015), en las políticas urbanas en Argentina ha predominado a lo largo del tiempo la misma solución habitacional: la vivienda nueva, como parte de las políticas fragmentadas que no lograron dar respuesta a las necesidades en el hábitat. Siendo producto de un enfoque desarrollista y cuantitativo del problema, la vivienda nueva ha sido entendida como único satisfactor posible que se le impone al “beneficiario” (entendido como individuo) desvalorizando el esfuerzo de los más pobres en la construcción de su propio hábitat. Si bien esta solución parte de la idea de universalización de derechos llevada adelante sobre todo durante gobiernos populares que representaron un “Estado de Bienestar”, la misma no resultó del todo efectiva a lo largo del tiempo, dado que no logró reducir el déficit de manera significativa (Rodulfo, 2008).

Más recientemente, es preciso señalar la aparición en la década del 90´ de políticas focalizadas en la consolidación urbana. Los programas de mejoramiento de barrios, como el Mejor Vivir, el Rosario Hábitat y el Promeba, pese a su poca incidencia en el volumen de la política habitacional, han venido incorporando nuevas ideas en el diseño de las políticas urbanas (Barreto, 2012; Rodríguez et al., 2007). En este sentido, se puede hablar de una evolución en estas políticas, como en el caso del Promeba, dado que superan el enfoque tradicional “viviendista” para comenzar a incorporar una mirada multisectorial e integral de abordaje, a partir de la cual tiende a pensarse en seguir el camino hacia un “desarrollo sustentable progresivo” (Rodulfo, 2008).

De esta manera, las políticas urbanas han venido incorporando ejes de trabajo en torno a la regularización dominial, el completamiento de infraestructuras, la generación de equipamiento y espacio público, el saneamiento ambiental y el fortalecimiento de la organización social, como verdaderos componentes del mejoramiento del hábitat.

Por esta razón, el Promeba representa un buen punto de partida para comenzar una renovación de las políticas urbanas y propone repensar la vinculación entre políticas de hábitat, vulnerabilidad social y problemática ambiental (Almansi, 2011).

Sin embargo, resulta necesario aclarar que las intervenciones territoriales en las grandes ciudades de nuestro país continúan siendo acotadas e insuficientes en materia ambiental (Clichevsky, 2002). Esta situación tiene que ver, por un lado, con el hecho de que los gobiernos locales poseen fuertes limitaciones para la planificación ambiental a causa de la presión especulativa del mercado de tierras y del conflicto social que muchas veces genera la regularización de asentamientos en zonas inundables debido a la cantidad de años que llevan en el lugar. Por otro lado, las intervenciones en materia ambiental, por su envergadura y complejidad, no encajan en las escalas de las jurisdicciones administrativas municipales, provinciales y nacionales, dificultando su capacidad de abordaje.

Sustentabilidad y justicia ambiental

La idea de sustentabilidad ambiental es una mirada que comienza a delinearse en la década de 1970, luego de la llamada “primera crisis del petróleo”, cuando parte de la sociedad, en distintos lugares del mundo, empieza a cuestionarse el modelo de desarrollo basado en el consumo desmedido de los recursos naturales, en particular, la enorme dependencia del petróleo que tenían los países industrializados. En otras palabras, lo que estaba en juego eran las posibilidades de crecimiento ilimitado inherentes a la economía capitalista, y así comienza a aparecer de manera incipiente, una restricción ambiental (Foladori, 2002; Gudynas, 2009). Por un lado, surge la conciencia de que muchos de los recursos que brinda la naturaleza son finitos o su renovación requiere de períodos de tiempos que trasvasan a distintas generaciones. Por otro lado, se cae en cuenta de que la producción de bienes y su consumo voraz, trae consigo la contaminación de los recursos naturales más necesarios para la vida humana. Por lo tanto, se hace necesario buscar modos alternativos para lograr que las diversas actividades productivas que realizan los seres humanos sean factibles de ser sostenidas a lo largo del tiempo. En este sentido, el concepto de sustentabilidad propone que los modelos de desarrollo deben sumar la temática ambiental a las cuestiones económicas y sociales ya conocidas. A partir de este momento, se supone para el análisis de cualquier actividad humana, un carácter tridimensional: ambiental, económico y social. Asimismo, podemos incluir otra dimensión: la política, en relación a la necesidad de democratizar la sociedad y el Estado, construyendo ciudadanía a partir de procesos participativos; conformando así una cuarta variable de análisis en los procesos de desarrollo humano (Guimaraes, 2003).

La primera vez que aparece la idea de sustentabilidad en un documento formal, puede remontarse a la definición de desarrollo sustentable que surge del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Naciones Unidas, más conocido como Informe Brundtland (1987). Allí, se define al desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Se trata de una idea-fuerza que se ha instalado en el pensamiento actual de forma hegemónica y que es posible identificar en los discursos de diversos actores sociales, académicos, empresarios, e incluso políticos, muchas veces con intereses contrapuestos.

En este sentido, resulta relevante destacar que la idea de desarrollo sustentable que predomina en la mayoría de los actores sociales con poder de decisión sobre los territorios, en cualquier caso es considerada una definición que no cuestiona suficientemente el modelo de desarrollo ni el patrón de consumo despilfarrador de la sociedad actual, y que muchas veces da el pie a pensar solamente en el futuro de la vida en el planeta, olvidando las extremas necesidades de toda índole que padece gran parte de la sociedad actual (especialmente aquellas sociedades atravesadas por procesos de segregación espacial).

En esta línea, hay distintas miradas sobre la cuestión ambiental (Martínez Alier, 2004) que pueden ser trasladadas para pensar la idea de sustentabilidad: el culto a lo silvestre, enfocada sólo en la conservación de la naturaleza; el evangelio eco-eficientista, preocupada por el uso eficiente de los recursos naturales y la no contaminación, con un marcado enfoque tecnológico; y la justicia ambiental o ecología popular concentrada en los conflictos ambientales producidos por las reglas mercantilistas en el hábitat y la desigualdad social. Actualmente, la visión hegemónica del desarrollo sustentable estaría relacionada con la corriente del evangelio eco-eficientista en los términos que plantea Martínez Alier.

Sin embargo, la idea de justicia ambiental puede abrir un abanico de posibilidades relacionados a una inclusión social profunda y emancipadora para repensar las políticas urbanas.

En esta línea, resulta clave el análisis de la desigualdad en las ciudades, dado que el uso del suelo urbano está sujeto a las relaciones de poder que se desarrollan en él y a que la esfera ambiental del territorio refleja la desigual distribución de beneficios de los procesos socio-económicos (Gudynas, 2009).

Los pobres no respiran el mismo aire, ni toman la misma agua, ni usan el mismo suelo que los sectores sociales que se llevan la mayor parte de los beneficios económicos (Auyero y Swistun, 2008; Martínez Alier, 2004).

Queda claro que la pobreza se encuentra ligada a una baja calidad ambiental y un claro ejemplo de esta situación, es la ubicación de los basurales en las periferias de las grandes ciudades. En este sentido, la ecología en las ciudades no puede limitarse a acciones puntuales como separación de residuos o mejoramiento de espacios verdes, ya que estaría atendiendo las consecuencias y no las causas, más relacionadas a la dimensión ambiental de la desigualdad social (Gudynas, 2009). Asimismo, toda problemática social tiene su cara ambiental, ya que se ponen en juego recursos que provienen de la naturaleza, en un territorio y bajo relaciones de poder, que enmarcan una discusión acerca de la equidad y la justicia.

Reflexionando también desde la ecología política es importante analizar los conflictos ecológico-distributivos ya que en ese estudio también se vincula la justicia social con la justicia ambiental atendiendo la necesidad de analizar la problemática ambiental en torno a la desigualdad (Martínez Alier, 2004, 2008). En ese punto, es necesario entender a las problemáticas de desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos naturales y de los vertederos de residuos como temas de supervivencia, debido a que lo que está en juego es el suelo, el agua y el aire, todos recursos fundamentales para la vida. De esta manera, podemos comprender que son los sectores sociales más pobres los que sufren mayores impactos ambientales, muchas veces resistiendo mediante la protesta, y otras, ejerciendo una resistencia pasiva. Estos problemas de distribución pueden enmarcarse en dos grandes grupos: la falta de acceso a los recursos naturales y el avasallamiento con una contaminación desproporcionada. De ahí proviene el enfoque que propone la idea de justicia ambiental sobre la urgencia en abordar la problemática ambiental de los pobres de hoy más allá de los problemas que sufrirán las generaciones futuras por conflictos similares.

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