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Relaciones interinstitucionales en la Radicación del Barrio 31

2. De la topadora a la inclusión a la ciudad: la ley de urbanización de la villa 31.

2.1 Instancias previas a su aprobación.

“Nosotros entendemos que urbanizar es consolidar lo ya existente y construido por los habitantes del barrio. A esto lo llamamos producción social del hábitat. Entendemos que esa producción se llevó adelante socialmente desde el esfuerzo que significó para el habitante comprar un ladrillo, pegarlo con sus propias manos y, en el transcurso de los años, constituir un barrio, más allá de lo que la reglamentación permitía, brindando legítimamente una respuesta a una necesidad habitacional.” Guillermo Marzioni, Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”

A modo de antecedente, relataremos algunos de los hechos previos a que la cuestión de la urbanización del barrio tome camino legislativo. El trabajo de la MGyP –objeto principal de estudio del presente escrito- encuentra su primer antecedente en la Mesa por la Urbanización y Radicación de la Villa 31 -31 bis,5 un espacio de tipo asambleario formado en el año 2007 que nuclea a vecinos, referentes y agrupaciones con una larga trayectoria en la discusión por la definitiva radicación del barrio. Como observáramos en un apartado anterior, la villa ha sido objeto de vaivenes de los sucesivos gobiernos que oscilaron entre la erradicación, la radicación hasta la total inacción. Este espacio se formó por iniciativa de los vecinos con la necesidad de generar una organización barrial que permita resistir constantes fantasmas de desalojo presentes a lo largo del tiempo y oficiar de interlocutor válido frente a los diversos organismos estatales con presencia en el barrio. Asimismo, el equipo técnico de la Facultad de Arquitectura (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encuentra en la mesa un interlocutor propicio para realizar un proyecto arquitectónico de urbanización verdaderamente participativo. El trabajo de los técnicos de la Universidad se remonta al año 2002 en el que se comenzó a esbozar un proyecto piloto a partir de un premio de investigación. Luego, se incluyó en diversos programas de Ciencia y Técnica de la UBA y del Voluntariado Universitario dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. El objetivo inicial del trabajo de la Universidad era definir si existía la posibilidad de urbanizar el barrio y tras largos años de trabajo se trabajó conjuntamente con los vecinos el anteproyecto que acompañaría al proyecto de ley aprobado en el año 2009.

En el marco de esta Mesa se produjeron grandes avances en materia de relaciones con el Estado como interlocutor principal con el fin de lograr la atención de los problemas habitacionales del barrio. Se abrió así un espacio de negociación entre el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) -titular de las tierras en las que se emplaza la villa- que durante el año 2007 pareció tener una esperanza positiva para parte los vecinos. Esas esperanzas no tardaron en mancharse en un contexto de campaña electoral por la jefatura de gobierno en la que uno de los candidatos a jefe de gobierno declaraba abiertamente la intención de erradicar la villa 31 (Ramos, Vitale, 2010).

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