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Relaciones interinstitucionales en la Radicación del Barrio 31

En línea con lo anterior, debemos aclarar que la mera presencia de un Ministerio o brazo ejecutivo de un gobierno en un territorio determinado no se traduce necesariamente en el cumplimiento efectivo de las demandas ciudadanas, en este caso relacionadas con el reconocimiento del derecho al hábitat. Es decir que podemos estar frente a un estado incapaz de hacer cumplir la ley, cuyo corolario termine siendo una democracia con ciudadanía de baja intensidad (que si bien reconoce derechos políticos democráticos -como el acceso al sufragio-) ve seriamente negado el acceso a servicios básicos. En palabras del autor:

“(…) es común que los campesinos, los residentes en barrios pobres, los indios, las mujeres, etcétera, no reciban un trato justo en los tribunales, ni gocen de acceso a servicios públicos a los que tienen derecho, estén a salvo de la violencia policial, carezcan de derechos laborales, etcétera. Estas son restricciones “extrapoliárquicas” pero políticamente fundamentales: implican la inefectividad del estado en tanto ley y la cancelación de algunos derechos que son tan constitutivos de la democracia como el de votar sin coacción. Esto origina una curiosa bifurcación: en muchas zonas marrones se respetan los derechos participativos y democráticos de la poliarquía, pero se viola el componente liberal de la democracia.” (O’ Donnell, 1993:16)

Para comprender en profundidad esas zonas en nuestro caso de estudio, es menester el análisis de la presencia estatal en la trayectoria recorrida hasta llegar a la ley que origina a la MGyP.

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