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Vivienda colectiva en Costa Rica con perspectiva feminista

Este ensayo es una reflexión sobre la brecha y desconexión que exhibe la arquitectura en su enseñanza y su práctica, de la realidad social que se vive en el país y que tiene la ciudad y el espacio construido por escenario. Desde la propia experiencia, evidenciamos una enseñanza que promueve el diseño de objetos desde un enfoque formalista, que omite el análisis de la realidad social y se asume como “neutral”, omitiendo las cotidianidades y realidades de los usuarios invisibilizados y marginalizados de la ciudad.


Introducción

El modelo de ocupación del suelo en Costa Rica ha sido dominado por un esquema de baja densidad en los centros urbanos y ocupaciones de áreas periféricas con zonas monofuncionales que han crecido descontroladamente, llevando al límite la capacidad de la infraestructura existente. Esta tendencia ha sido oportunamente impulsada por los desarrolladores inmobiliarios privados para generar residenciales y condominios cerrados y excluyentes. Síntoma que Zaida Muxi analiza en su esquema de ciudades globales, donde aborda la relación que existe entre los procesos de globalización de la economía, la producción y la comunión con las configuraciones urbanas, que en general se caracterizan por “un ahondamiento en la segregación y desigualdad en todas las sociedades, siendo especialmente vulnerables, las ciudades latinoamericanas” (Muxí 2009).

Con la movilización de la población hacia las periferias, nuestros centros urbanos se han tornado, según estos esquemas económicos, en ciudades de tránsito y de visita estrictamente obligatoria. Las zonas habitacionales han sido relegadas a espacios alejados, muchas veces sin acceso de transporte público, sin equipamiento, tampoco comercio de proximidad, ni atención de necesidades básicas, a las cuales se accede por medio del vehículo privado. Para quienes siguen habitando en los centros urbanos se crean anillos de pobreza y exclusión en los bordes de la ciudad. Esta separación en el esquema de ocupación y movilidad, como menciona Muxi, produce una falta de conciencia social.

La desconexión con otras realidades, si se quiere más duras, la experimentamos gracias al modelo de ciudad. ¿Pero quién puede asumir responsabilidad por el modelo económico, de desarrollo, de asentarnos y de coexistir? y ¿qué papel tiene una profesional de la arquitectura ante estas premisas?

Si volcamos la mirada a las instituciones encargadas de formar profesionales en la arquitectura, notamos una posición históricamente acrítica ante estos procesos. La formación en diseño es asumida como un descubrimiento del genio creativo individual, que tiene nula incidencia sobre la realidad social y nacional. Se exalta el formalismo y el objeto como máxima del proceso arquitectónico y urbano, siendo este proceso estéril ante una dialéctica con otras escuelas de pensamiento.

En este artículo nos centraremos en el abordaje del diseño de la vivienda desde la perspectiva feminista. Esta perspectiva introduce una nueva mirada no impositiva, en donde priman la cotidianeidad y las necesidades de las personas que directamente hacen uso de los espacios públicos y privados. Asumiendo la coexistencia de diversidad de gentes reales que habitan la ciudad, transversalizando nacionalidades, edades, orientación sexual, minorías o sectores de la población con alguna necesidad especial y por supuesto contemplando a las mujeres.

Como anota Jordi Borja: “La ciudad es la gente. Es descubrir a los demás y, por tanto, las diferencias. La ciudad solo puede existir sobre la base de la tolerancia, porque no hay ciudad homogénea sino dividida en grupos, en procedencias, en valores. Es el resultado de la diversidad de orígenes y de actividades de la población, y el efecto, también, de las libertades urbanas.” (Borja, 2009)

La perspectiva feminista nos insta a dejar de pensar en un único “usuario modelo genérico” para el que se diseñan todas las facilidades y a “desvelar que, en la forma de abordar el proyecto de la vivienda, las relaciones entre las personas y los lugares donde habitan, se han ido sistematizando en fórmulas falsamente neutras, sin atributos.” (Fonseca Salinas, 2018) Así como a repensar la estructura familiar y por ende social que hemos aprendido como única, aceptable. Siendo que la estructura de pareja con hijos representa apenas un 38% de las formas de convivencia del mundo. (United Nations Entity for Gender Equality and the empowerment of women, 2019).

Resulta fundamental cuestionar los roles de género que han sido asignados a hombres y mujeres, entendiendo el género como herramienta que nos permite visualizar, analizar y medir las situaciones de desigualdad. Estas desigualdades se traducen en el espacio, donde históricamente se asignan los trabajos de cuido a las mujeres y las actividades productivas a los hombres. Siendo el cuido y la reproducción de la vida subestimados y menospreciados dentro de la economía local y dentro de la planificación espacial.

En esta reflexión buscamos introducir la teoría feminista para mirar de cerca tanto la formación profesional como la práctica de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país, exigiendo que el diseño se comprometa con los problemas y necesidades de nuestra realidad de una manera más inclusiva y justa. Para esto tomamos como ejemplo el tema de la vivienda en Costa Rica, ya que es un tema importante, a la vista de la Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las agendas de rehabilitación y repoblamiento de la capital. Veremos cómo se ha desarrollado histórica y actualmente la vivienda, cómo se aborda desde la académica, y qué posibilidades nos ofrece la perspectiva feminista ante esta tipología de proyectos.

La vivienda en Costa Rica: escenario histórico

Costa Rica ha presenciado importantes transformaciones en las últimas décadas. Empezando por un aumento sostenido de la población que entre 1980 y el 2019 pasó de 2.315.705 personas a 5.057.999 actualmente según el INEC. Esto significó también el aumento de la población urbana que pasó de 41% en 1973 al 72.8% en el 2011, concentrada en la Gran Área Metropolitana (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013, pág. 65). A su vez cambiaron los esquemas económicos nacionales y un país mayoritariamente agrícola pasó a tener únicamente el 6,9% de su PIB dependiendo de la agricultura para el 2011. Todos estos cambios hablan de una presión creciente sobre el suelo urbano y un incremento en la demanda de vivienda.

En cuanto a políticas de vivienda estatal, en Costa Rica este tipo de iniciativas tuvo un incipiente inicio con los sismos de 1919 y 1924 que obligaron a la movilización de una gran cantidad de personas afectadas y al gobierno a tomar medidas. Sin embargo, estas fueron abordadas más desde una preocupación higienista (Garnier & Venegas, 1998, pág. 368). Las primeras políticas sociales de vivienda inician en la década de 1930. Los primeros organismos fueron la Junta Nacional de Habitación y la Cooperativa de Casas Baratas “La Familia”, cuyas funciones serían después asumidas por la Caja Costarricense del Seguro Social. Creando proyectos piloto como las ciudadelas Calderón Muñoz, La Y Griega y Zapote, que ya experimentaban con la vivienda en altura en el caso de Calderón Muñoz. Posteriormente se plantean también los desarrollos en Hacienda Vieja en Curridabat. Todos estos suponen acertados intentos de exploración de una vivienda social para Costa Rica. Sin embargo, en 1954, se crea el INVU y este esquema fue abandonado y se primó la tipología de casa modelo unifamiliar.

Idealmente este tipo de desarrollos deberían ir acompañados de estrategias urbanas, que provean espacios públicos, áreas verdes y acceso a los edificios. Lamentablemente esta condición no siempre se cumple. Como menciona Lefebvre a propósito de las estrategias públicas imperantes, “las iniciativas de los organismos públicos no han sido guiadas por una concepción urbanística sino, simplemente, por el propósito de proporcionar el mayor número posible de alojamientos lo más rápidamente posible y al menor costo.” (Lefebvre, 1968, pág. 35)

Históricamente, por las dimensiones del país y sus características geográficas, la convivencia en Costa Rica estuvo cimentada por el conocimiento del otro y el trato personal. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013, pág. 125) Ante el creciente esquema urbano, las personas optaron por ocupar zonas alejadas del centro del país que ofrecen la posibilidad de contar con un patio. Generando así, un esquema de uso del espacio poco eficiente. La casa americana representaba un ideal a ser imitado por la clase media, expandido por el cine y la televisión (Vives, 1998, pág. 406) difundiendo un esquema de “sprawl” urbano, todo esto acompañado de un auge en la tenencia de vehículos privados.

“El modelo de ciudad en Costa Rica se caracteriza por viviendas unifamiliares de una o dos plantas concentradas en zonas residenciales que suelen sesgar el estrato social, dispersar a la población de los servicios y centros de trabajo, incentivar el uso de movilidad motorizada (principalmente vehículos privados), consumir altos tiempos en traslado y contaminar el ambiente.” (Castillo, 2014)

El proceso de urbanización ha crecido de manera desordenada. La falta de planes reguladores por parte de los gobiernos locales, 50% de los cuales carecen de este instrumento (MIDEPLAN, 2018), y la necesidad de vivienda ha hecho que las comunidades opten por autoconstruir en terrenos de alto riesgo. La proliferación de zonas marginales fomenta el hacinamiento y la falta de servicios. Y las políticas de vivienda no logran responder a la demanda, de modo que la solución al déficit de vivienda es dejada en manos privadas.

En la administración Arias, de 1987 la situación se institucionaliza. Se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Ley N° 7052), por medio del cual el Estado dejó de ser gestor (constructor, desarrollador, planificador) de vivienda y dejó esa tarea en manos del sector privado. El Estado, por medio del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), pasa entonces a ser un ente financiador por medio de subsidio en forma de bono familiar. (Solano Castro & Aguilar Arias, 2018)

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