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Reurbanización de villas: ¿vivienda sí, vivienda no?

Vivienda, para el oficialismo porteño, como un bien privado más que como un derecho ciudadano, aún y paradójicamente cuando la vivienda (muy concreta, nada ideológica) sea indigna y se emplace en una villa de emergencia en estado de hacinamiento. Es decir, la gestión Pro y la gestión K del estado nacional parecen ser semejantes cuando se trata de abordar políticas públicas en espacios urbanos públicos e infraestructura pública, pero se bifurcan con señales de innegables raíces ideológicas cuando se trata de políticas públicas en el espacio de la vivienda, porque es este concepto, el de vivienda como bien privado o como derecho social, el que viene a tallar la decisión de la gestión. Y aquí es donde la “síntesis emancipadora” y desideologizada que predica Petrella ya no parece poder prosperar.

Y dónde más iba a exacerbarse el debate por la concepción política de la vivienda, si no en la última sesión pasada del Senado de la Nación sobre la reforma del Código Civil, donde el párrafo de cuño kirchnerista “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común” fuera motivo de amplio rechazo por la oposición y, finalmente, suprimido del texto hasta nuevo aviso. Es sabido además, que este repliegue del oficialismo nacional fue muy criticado por las bases reconocidamente progresistas, como el grupo de Curas por la Opción por los Pobres, el grupo Teología de la Liberación Pichi Meisegeier, el colectivo Habitar Argentina, el CELS, para citar algunos. Pues lo que está puesto en juego es la doctrina de la función social del Hábitat contra la intocable doctrina de la propiedad privada. O mejor, una posible síntesis armónica entre ambas que hoy es inexistente en el país, y que la misma derecha, que por un lado nos invita con elegancia a “hacer síntesis” sin prejuicios, ahora ya no quiere hacer ningún tipo de síntesis y se vuelve sobre sí para retomar su mejor perfil… ideológico.

Como si no fueran pocas las tensiones que hoy contienden detrás del concepto vivienda, este concepto, visto desde el lugar más pragmático posible que la derecha pueda pedir, se encuentra atravesado por otro eje político-ideológico crucial: el de la inmigración. Tampoco aquí diré ninguna novedad para aquellos que estamos cercanos al hábitat de la pobreza, pero insisto en subrayar el conflicto ideológico que le oficia de substrato: las villas de la ciudad y el conurbano han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, principalmente por la inmigración paraguaya y boliviana, además de la migración interna remanente del efecto noventista. Y son ellos, albañiles, textiles, (agricultores en el GBA) quienes las han densificado en altura. Son también ellos quienes hacen circular el bien inmueble en un mercado informal de renta. (cita a cravino conventillos).

Si el informe de la Fábrica Porteña es acertado [Oniszczuk, 2013: http] (pues sus fuentes citadas son tan directas como el balance de presupuesto del propio Gobierno de la Ciudad), al mismo tiempo que la población en villas ha crecido en la ciudad (un 52% entre 2001 y 2010, con 163.587 personas), el presupuesto de reurbanización de villas ha decrecido y además se ha sub ejecutado, a veces más a veces menos. De más está decir que desde hace tiempo el ejecutivo de la Ciudad está obligado a este plan de reurbanización por ley, y a la explícita prioridad de sectores pobres, (Capítulo V de la Constitución de la Ciudad; Ley 148/1988 de CABA…), pero interpreta o sub ejecuta el presupuesto hacia obras de infraestructura, y no de vivienda. Obras que, dicho por la misma voz del gobierno, nunca alcanzan por el crecimiento poblacional. Entonces, se justifica la decisión estratégica de destinar presupuesto a infraestructura y no a vivienda, porque al fin “nunca alcanza” [Macri:2014], porque al fin de cuentas es el gobierno Nacional el responsable del crecimiento poblacional de pobres en la ciudad, y en esa línea argumental, sobre todo si se trata de inmigrantes.

…Exacto. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2010 vino a coronar una geopolítica con centro en el Mercosur, y a formalizar políticas receptivas para inmigrantes, que en la actualidad tienen un 84,6% de población proveniente de países limítrofes (de un total actual aproximado de 1.800.000 personas). Para ser lo más objetivos posibles, debemos saber que al día de hoy la población inmigrante no es más que el 4,5% de la población total del país. Pero esta población, (según el Perfil Migratorio de la Argentina 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones, el documento técnico más actualizado a principios de 2014), se concentra en un 52,2% en GBA y un 21,1% en CABA. Es decir, que la ciudad es la parte de la región metropolitana menor afectada por la corriente migratoria. Y hasta 2010 y en rigor, en la ciudad no son latinoamericanos los migrantes de mayor número, sino los asiáticos. Ahora bien, las políticas combinadas del programa Patria Grande, hicieron que muchos de ellos pasaran a ser residentes permanentes, y se integraran paulatinamente al mercado de trabajo compartido por nativos, sea formal o informal. Especialmente en CABA, paraguayos en la construcción, bolivianos en la rama textil o en horticultura, y mujeres (la mayoría de género inmigrante para el caso de estas dos naciones) en empleo doméstico.

El informe de la OIM es positivo además de exhaustivo: Argentina presenta políticas activas en materia de derechos humanos para extranjeros, y cruza su política migratoria con nuevos abordajes jurídicos para delitos de trata y para refugiados, como nunca antes lo había hecho en su historia. Mientras tanto, mientras escribo este artículo, un periodista del diario Diagonales, Nicolás Brutti, tuvo que radicar una denuncia por amenaza de muerte en la DDI de La Plata. Brutti había denunciado a un grupo xenófobo de Facebook cuyo título del perfil era “Argentina sin inmigrantes limítrofes”. Con 2000 seguidores.

Ahora bien, la Ley de Migraciones, tal como lo explica claramente el informe de la OIM, hace primer responsable de velar por los derechos y obligaciones de extranjeros al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, pero he aquí que la Ley no reglamenta nada referido al derecho de vivienda digna. Por el contrario, el capítulo VI “De la permanencia de los extranjeros, dedica los artículos 51 a 60 a las condiciones laborales y de residencia en relación a la categoría permanentes o temporarios, pero sin ingresar en el áspero y ríspido tema de las “condiciones de habitabilidad” de tales residencias. Y entonces el intercambio de discursos podría parafrasearse del siguiente grosso modo: Dice Ciudad: “De la apertura de fronteras y sus consecuencias, háganse cargo ustedes.” Dice Nación: Es la Ley de la Ciudad la que obliga a la Ciudad”.

Para ser ecuánimes y rigurosos, la gestión Pro ha estado atenta al marco legal que le compete: el grupo asesor de Gabriela Michetti registra hasta 75 leyes, decretos y resoluciones referidas a los asentamientos urbanos, y lo que es más importante, el estudio detecta los barrios donde no hay amparo legislativo [Michetti,(2009/13: 18)]. También el actual Ministerio de Desarrollo Urbano y su Sub-secretaría de Planeamiento reconoce en su Modelo Territorial para la gestión pública urbana, que uno de los objetivos tendenciales debe ser la urbanización de villas y su inserción a la trama urbana, donde “…la acción pública deberá estar dirigida a consolidar e incrementar esta tendencia en todas las áreas de la ciudad”. [GCABA, 3013: 182-183] Del mismo modo, hay que destacar la política hiper-activa de Nación interviniendo en el área de la RMBA mucho más allá de la Ley de migraciones, desde el plan Federal de Vivienda, el Programa Federal de Urbanización de villas o Pro.Me.Ba, entre otros, articulada con los municipios del GBA más cercanos a la capital y con cooperativas de trabajo, en reurbanización de villas que estaban postergadas desde hacía décadas y en donde las inversiones de infraestructura han ido de la mano y en paralelo con las de vivienda: Lanús ha resuelto la vivienda para 4762 hogares en Villa Jardín (donde el 90% de sus  habitantes son argentinos nativos), Avellaneda ha urbanizado Villa tranquila, con 2500 familias, Morón ha dado vivienda a 2000 personas con tipologías diferenciadas en Villa Carlos Gardel, La Matanza ha urbanizado Villa Palito con 11.000 habitantes, para citar algunos casos emblemáticos más cercanos a la capital del lado conurbano, y descubrir así que, puestos en comparación, la política de vivienda social en CABA ha quedado bien retrasada. Los conflictos reiterados que la gestión Pro tiene con la Defensoría del Pueblo en materia de asignación de viviendas, marca un agudo desface entre la intencionalidad loable puesta en el discurso político y en sus planes, y la gestión de sus organismos en materia de vivienda. En especial, el desface que la SECHI tiene con el IVC. Está visto, como es en el emblemático caso de reciclaje de conventillos en la Boca, que el IVC no activa su gestión a menos que la justicia lo conmine. Pero, en estos y en muchos otros casos, la población afectada no son en mayoría inmigrantes sino familias que viven desde hace décadas en el mismo lugar, y en estado de hacinamiento [Infojus (2013)]. En el último conjunto de viviendas de calle Arzobispo Espinosa 351, utilizado para el traslado de vecinos, solo 9 de 43 familias son uruguayas. Lamentablemente, además hubieron unidades de vivienda que no pudieron ser habilitadas por incumplir medidas mínimas en sus ambientes, y debieron luego ser reformadas. Una experiencia en diseño bastante más opaca que la que mantuvo por entonces la Comisión Municipal de la Vivienda, cuando reciclaba conventillos como el de Palos 460, en el mismo barrio y las mismas condiciones.

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