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Relaciones interinstitucionales en la Radicación del Barrio 31

Conclusiones

El trabajo abordado a lo largo en líneas precedentes es una tarea en constante crecimiento y reformulación. Esto sucede porque estamos hablando precisamente de un tema abierto, también en constante mutación y aún sin una respuesta final desde los ámbitos que estudiamos, es decir el poder político materializado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de ello, es interesante rescatar el proceso hasta nuestros días y recapitular acerca de los virajes en las posiciones de los gobiernos en relación a la cuestión. De este modo observamos que en una primera instancia –previa a la aprobación de la ley- las posiciones de ambos gobiernos eran encontradas: por un lado el gobierno nacional manifestaba la intención de urbanizar el barrio mientras que su homónimo local se pronunciaba en sentido contrario. La aprobación por unanimidad de la ley N° 3343 y las primeras participaciones en la MGyP dan cuenta de una voluntad conjunta para urbanizar el barrio. En este sentido, si bien no tenemos una conclusión acabada, podemos pensar que el cálculo de un costo político adverso ante la posición de erradicar la villa podría ser mayor que adherir en esa instancia a la urbanización. Pese a ello, las posteriores actitudes fácticas manifestadas por el Gobierno de la Ciudad dieron cuenta de su concepción ideológica respecto a villas y asentamientos que dejó ver el tratamiento de la cuestión habitacional de la Ciudad con una lógica constante de exclusión de los sectores populares19. Otra cuestión de vital importancia reside en no perder de vista la cuestión habitacional de la Ciudad de Buenos Aires observando el caso puntual dentro de un contexto de emergencia habitacional en el que las villas y asentamientos requieren permanente atención por parte del estado. Son precisamente, esas zonas marrones por las que nos preguntábamos anteriormente y que no cuentan con una presencia total del estado al no ser reconocido el derecho al hábitat en términos efectivos a pesar de existir una clara normativa en este sentido.

Es necesario, además, observar las variaciones que se produjeron respecto a las relaciones entre las dos instancias gubernamentales implicadas: pasamos de la confrontación inicial, a un acuerdo para la aprobación de la ley –que se mantuvo a lo largo de las primeras reuniones- para finalizar en desencuentros en el marco de MGyP que aún se manifiestan hasta nuestros días.

Será objetivo de futuros trabajos, seguir avanzando en el análisis de las Relaciones Intergubernamentales en diferentes casos y escalas para poder encontrar sus causas –en el caso de que sean conflictivas- y generar nuevas teorías que arrojen luz sobre la resolución ante instancias de desencuentro. En este sentido, no es menor la tarea del cientista social que analiza profundamente ciertos procesos que dejan ver problemas políticos a los que se pueden ofrecer nuevas propuestas para sus soluciones. Entiéndase bien, estamos pensando más allá del ofrecimiento de una posible respuesta al problema que una política pública debe solucionar (esto también puede ser pensado desde nuestra disciplina) pero a lo que apuntamos aquí es a fortalecer los mecanismos de negociación entre gobiernos dando cuenta de un problema, evidenciándolo empíricamente para que en futuras investigaciones puedan pensarse mecanismos novedosos en vistas a estos fines.

Por estas cuestiones y sin desconocer la dificultad que conlleva la presencia de un Estado Multinivel que responde a banderas partidarias de diferente color, creemos necesario avanzar en negociaciones conjuntas que den cuenta de la capacidad y madurez en las relaciones intergubernamentales de cara a pensar verdaderas políticas de estado que apunten a resolver efectivamente las demandas de los ciudadanos sin perderse en otras cuestiones a lo largo de ese camino.

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