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Relaciones interinstitucionales en la Radicación del Barrio 31

Las referencias al ya mencionado decreto 1001/90, en el que queda establecida la voluntad del ejecutivo nacional del traslado de las tierras a sus ocupantes es mencionado en reiteradas oportunidades a lo largo de las numerosas reuniones de trabajo de la MGyP. No obstante ello, y a pesar de la comunión manifestada inicialmente por ambas partes, durante las siguientes reuniones algunos sectores de ambos gobiernos dejaron de tener concurrencia pese a las constantes invitaciones por parte de la presidencia de la Mesa y el reclamo de los vecinos frente a ello. Además, en las discusiones comenzó a observarse las diferencias en cuanto a la gestión de las obras de urbanización ante las consultas de los vecinos referentes a las relaciones –de manifiesto tirantes- entre ambos gobiernos. Sin ánimos de aburrir al lector con las transcripciones de los discursos, resulta pertinente hacer alusión un pasaje en el que el legislador por el FPV Juan Cabandié deja en claro la postura del gobierno nacional respecto al conflicto:

“(…) Mi presencia acá representando a algunos organismos como ADIF y Puertos es, justamente, para trabajar en conjunto. Si a eso le sumamos el apoyo a la ley votada a fines de 2009 sobre la urbanización de la Villa 31 significa que la voluntad del Gobierno Nacional es avanzar con este proyecto. Pero no se equivoquen: el Gobierno Nacional no tiene la responsabilidad de urbanizar. La que tiene que urbanizar es la Ciudad de Buenos Aires.”

“Así y todo, como ustedes saben, teniendo en cuenta lo que sucedió a partir del 13 de diciembre del año pasado con el Parque Indoamericano y las reuniones que hubo, el Gobierno Nacional se comprometió con el Gobierno de la Ciudad a poner un peso por cada peso que ponga el Gobierno de la Ciudad en lo que tiene que ver con políticas habitacionales que efectivice la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, eso también se corresponde con la Villa 31.”

“Ahora, el que tiene que iniciar los trabajos, las obras, las calificaciones de las soluciones habitacionales es el Gobierno de la Ciudad. Además, está el Plan Federal 1 y 2 que el Gobierno de la Ciudad no utiliza –excepto con la construcción de las casas de Madres de Plaza de mayo que se inauguraron recientemente, o el Elefante Blanco, por ejemplo–, que son fondos nacionales, pero la Ciudad de Buenos Aires no utiliza esos fondos. Así y todo el convenio fue que el Gobierno Nacional iba a poner un peso por cada peso que ponga el Gobierno de la Ciudad para la construcción de viviendas sociales. Ese es otro compromiso”.14

Las palabras precedentes dejan ver el posicionamiento adoptado desde la Nación e, incluso, se hacen alusiones a otros conflictos por toma de tierras presentes entre ambas instancias. Idas y venidas de este tipo son constantes en torno al conflicto por la urbanización de la villa que, justamente, denominamos de tal manera por la falta de acuerdo y porque así es percibido cuando dos sectores no logran llegar a un arreglo.

Para finalizar con el presente apartado observamos a continuación una merma de la representación en la mesa justamente por parte de los sectores implicados en la cuestión del domino de la tierra:

“En el caso de Desarrollo Social, que nunca ha enviado representantes, se invita directamente a la Ministra Vidal, pero no responde ni siquiera con un representante. Espacio Público ha faltado a las últimas dos reuniones, pero hay que reconocer que ha tenido participación en esta mesa. No convoco solamente como presidenta de la mesa, sino todos nosotros también debemos convocar, y más ustedes, desde su lugar de representantes, a quienes están faltando hoy en esta mesa. En mi deber convoco a los diputados de la Legislatura que deberían estar acá, a los miembros del Ejecutivo de la Ciudad que deberían estar presentes, y a los miembros del Ejecutivo Nacional que deberían estar acá.” (Rocío Sánchez Andía, Presidenta de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis)15

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