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Proyectos de inclusión urbana-habitacional: ¿Hacia el cumplimiento progresivo de derechos humanos? Los aportes de la «Brújula» de la planificación

Este artículo presenta los hallazgos producidos por una metodología que mide el cumplimiento de derechos humanos, conocida como la “Brújula” de la planificación, aplicada en barrios segregados de la metrópoli de Buenos Aires. A partir de un recorrido por las intervenciones históricas realizadas en dichos barrios, la “Brújula” indaga en qué medida los paradigmas que sustentaron las políticas públicas, desde la producción masiva de vivienda a la regularización de la informalidad, pasando por obras diversas de infraestructuras, transporte, pavimentos, etc. tienden a impulsar una mejora progresiva de los derechos de sus habitantes, o en cambio, tienden solo a beneficiar lógicas especulativas inmobiliarias, tanto formal como informal. Más allá de los resultados obtenidos en estos casos, el artículo indaga las posibilidades del método para ayudar a la auto-organización vecinal, al trabajo articulado con las autoridades locales y al diseño e implementación de intervenciones que tiendan a demostrar capacidad para incentivar el cumplimiento de derechos.

Intervenciones urbanas-habitacionales: ¿Para qué?

Intervenir en áreas segregadas de la ciudad puede responder a distintas lógicas. Por una parte, una lógica que concibe el profundo problema de las desigualdades sociales como consecuencia del mal funcionamiento de los mercados laborales que se reflejan en condiciones de vida y localización en la ciudad para los distintos sectores sociales (Yujnovsky, 1984). Por otra parte, otra lógica entiende la vivienda y la localización conveniente para los sectores populares como una cuestión de justicia espacial (Fainstein, 2009) que influye en la reducción de la brecha social. Estas dos lógicas producen intervenciones que aunque puedan ser semejantes tienen resultados profundamente diferentes. En un extremo, transformaciones de sectores urbanos segregados pero bien ubicados, con altos valor de suelos, generando procesos de renovación y demás estrategias que logran la valorización de la zona reflejada en el incremento de sus costos de suelo. Obviamente esa transformación tiene consecuencias sociales muy importantes, pues genera la renovación y recambio también de su población residente, reemplazada por sectores de mayores ingresos. En el otro extremo, las intervenciones urbanas que buscan integrar a la población residente buscan su arraigo y desarrollo, pero siempre enfrentando que tanto sectores sociales vulnerables como acomodados conviven en ciudades con las mismas reglas de reproducción de capitales inmobiliarios. Muy difícilmente el mejoramiento de un sector urbano pase inadvertido para quienes explotan rentas diferenciales de suelo a partir de mejoras subsidiadas, quienes a través de distintos medios se apropian de los beneficios, desplazando poblaciones pobres, objetos de la intervención.

Más allá de la retórica de unos y otros, es difícil reconocer sus resultados finales sino hasta pasadas décadas. Las consecuencias de procesos de degradación urbana, la obsolescencia y apariencia decaída de los edificios y espacios públicos, la pobreza, marginalidad e inseguridad, tienen un efecto marcado en las estructuras sociales que tienden a replegarse en su accionar en grupos pequeños de acción barrial, reflejo de procesos de fragmentación que estallan como un cristal dentro de procesos mayores de segregación general. Así pues, la falta de un sentido amplio de “comunidad” es el primer gran obstáculo que tales barrios enfrentan en su búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. La posibilidad de diseñar e implementar un proyecto de intervención urbana-habitacional, que de respuestas a las necesidades del barrio, incluyente de sus distintos fragmentos, es una expectativa presente en toda asociación de vecinos, independientemente de su naturaleza política o filantrópica. Pero para pasar de la expectativa a la acción efectiva es necesario disponer de algunas herramientas que permitan lograr el consenso con otros vecinos, un nivel de diálogo con las autoridades que permitan superar la clásica lista de necesidades barriales que se elevan a las autoridades de turno, factor clave de cooptación y manipulación política.

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