De la Necesidad al Derecho

Para analizar como afecta a los sectores más pobres del país el problema de la vivienda, entendido bajo el concepto más amplio de hábitat-, es necesario primero comprender el concepto de política pública, expresado como “el conjunto de tomas de posición, tácitas o explícitas, de diferentes agencias e instancias del aparato estatal que expresan una determinada modalidad de intervención del Estado, en relación con una cuestión que despierta la atención, interés o movilización de actores de la sociedad civil” (1).

Las políticas habitacionales, como materialidades del Estado, forman parte de una determinada sociedad, de una organización que responde a las relaciones de poder obrantes al momento de identificar y priorizar estas cuestiones.

Los resultados dependen, entonces, no solo de los factores y recursos económicos disponibles, sino de la fuerza acumulada por un determinado sector para hacer valer sus intereses y necesidades, que marca diferencias en las soluciones planteadas, las prioridades y los modos de operar. En definitiva, la explicación de los procesos habitacionales no pueden encontrarse sólo en el mismo sector de la vivienda, sino en la estructura social con sus respectivas relaciones de poder condicionando la propia acción del Estado.

La primera equivocación, proviene de hablar de la vivienda por separado de gente, como un simple objeto de obra pública, sumada a puentes, diques o edificios institucionales. No se trata de proveer simplemente casas; se trata de proveer soluciones a familias y personas. Por ello, hay que referirse un concepto más integrado de vivienda que incluya todas sus funciones (2).

Veamos algo de historia. Desde su creación en 1977 (Ley 21581), el FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) ha destinado una media de 800 millones de pesos anuales a la vivienda social en Argentina. Una apetecible cifra para cualquier plan de gobierno y para el sector empresarial.