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La política habitacional de “intersticios”: un campo de disputa frente a la producción masiva de vivienda estatal. Los casos de Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda

Algunas reflexiones/desafíos.

Este artículo tuvo por objetivo analizar la política habitacional focalizada o de baja densidad desplegada en los intersticios de las ciudades, en términos de su capacidad de generar estructuras de integración social y urbana para sus destinatarios. A partir de una metodología cualitativa, se prestó atención a aquellos conjuntos de mediana densidad, construidos entre medianeras, que no generaron una ruptura con la pauta de manzanas y la trama preexistente.

Estas políticas habitacionales de baja densidad de producción de vivienda estatal desplegada en los intersticios de las ciudades destinados a la radicación de población de asentamientos irregulares/villas y realojamiento de población de conventillos o ocupantes de inmuebles en sus barrios de origen se caracterizaron por tener diversos resultados: intervenciones de soporte a viviendas mediante mejoramientos u obra nueva, a través construcciones de baja y media complejidad (también de baja productividad), orientadas a promover integración barrial. Las escalas, los diseños y el capital locacional que ofrecen estos proyectos de baja escala habilitan a sus usuarios procesos de apropiación tanto de las viviendas como de los complejos, que generan un diferencial significativo en materia de política habitacional.

En relación a la integración urbana, al ser complejos de baja escala y mediana densidad construidos mayormente en predios pequeños e inmuebles “sueltos”, habilitaron intervenciones en áreas con localizaciones intersticiales, más centrales a las áreas usualmente asignadas a las viviendas llave en mano. A diferencia de los complejos clásicos de la primera generación de política habitacional, estos permitieron la consolidación y el mejoramiento de los entornos barriales donde se implementaron. Al evitar diseños de grandes dimensiones, con modificación del amanzanamiento y rotura de la trama, esta tipología se insertó en entornos barriales similares, habilitando una mixtura de estas viviendas estatales con el resto de la trama urbana.

En esta misma línea, la implementación de este tipo de políticas habitacionales permite matizar la presunta “escasez” de suelo urbano disponible para la ejecución y construcción de viviendas estatal. Pues las operatorias analizadas dieron cuenta de otra tipología de suelo “vacante” en la ciudad, no únicamente aquella periférica, sino más vinculada a áreas centrales o intersticiales, pero en inmuebles que atravesaron cambios de usos, o requieren mejoramiento tanto por su antigüedad, como haber estado sin uso o abandonados. De este modo, es un tipo de intervención pública que permite vincular una propuesta de construcción de vivienda estatal, con la consolidación o mejoramiento del tejido urbano preexistente y que, indirectamente, también evita procesos de segregación social hacia sus destinatarios a partir de la reasignación de la vivienda social en grandes predios en áreas periféricas y/o en áreas con limitado acceso a equipamiento o servicios.

En los casos trabajados, el financiamiento fue con fondos públicos, de instancias nacionales o locales de gobierno, complementados, muchas veces a través de la recaudación de impuestos específicos, u otras fuentes como organismos internacionales de crédito o de los propios destinatarios. La decisión y planificación fue centralizada en los organismos de vivienda local, salvo en los conjuntos construidos de manera autogestionaria, en las que estas decisiones quedaron en mano de las organizaciones sociales y dependieron de grado de organización de cada una de ellas. Los actores que intervinieron en los procesos de construcción fueron pequeñas empresas constructoras locales deshabituadas a lidiar con el Estado, escasas (pero con peso) cooperativas de trabajo, o los propios usuarios organizados (a través de prácticas de autoconstrucción y/o ayuda mutua), habilitando la incorporación de nuevos actores económicos al sistema de vivienda. Las posibilidades de integración social que generaron estas políticas para sus destinatarios se explican por el abordaje integral que proponen, pues lograron resultados sociales más satisfactorios que la política de producción masiva de hábitat.

Lo que estas políticas evidencian es que respuestas más próximas de las reales necesidades de sus destinatarios logran una mayor eficientización de los recursos del Estado, a la vez que construyen intersticios de ciudades vivibles dignamente para sectores sociales que de otra manera no tendrían acceso a una vivienda. La ejecución de políticas habitacionales sensibles a la diversidad de las poblaciones con necesidad de vivienda se configura -entonces- como un desafío para los ejecutivos locales, y la escala de estas políticas focalizadas o de baja densidad se configura como una alternativa válida en el recetario de políticas necesarias a ejecutar para abordar la magnitud del problema que tenemos en nuestro país. Incluso políticas que promuevan instancias -reales- de participación social habilitan procesos colectivos de concreción del derecho al hábitat y a la construcción de ciudades más democráticas y justas.

En un escenario como el actual, en el que la política habitacional vuelve a ser el motor del desarrollo económico del país, es primordial asumir el desafío de buscar alternativas más integradoras socialmente hablando a la producción masiva de vivienda estatal. Incluso, políticas de hábitat sensibles que logren captar diversidades de género, étnicas, socioeconómicas y necesidades de reproducción de la vida cotidiana diversas que contribuyan a construir ciudades reales.

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