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Espacio público y gestión estatal en la comuna 8 . Algunas notas sobre los alcances de la inclusión.

En Los Piletones viven, según datos del censo 2010, 5218 personas, distribuidas en 964 viviendas (12) , y se trataría de » la experiencia de urbanización de villas de mayor envergadura desarrollada íntegramente por el gobierno de Mauricio Macri», en la cual se calcula una inversión total de aproximadamente 125 millones de pesos. El proyecto implicó la apertura de calles, extensión de redes de servicios, construcción de nuevas calzadas y veredas, acompañadas de procesos de regularización dominial que incluyeron figuras de condominio, y respectivas tasaciones de los terrenos que los vecinos deberán pagar a la ciudad valiéndose de líneas de crédito diseñadas a tal fin. Esta operatoria requirió a su vez de la demolición de viviendas y reubicación de familias en nuevas construcciones.

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Respecto a la gestión participativa de este proyecto se destaca la creación de la Mesa de trabajo con los vecinos del barrio en la cual también se nuclea a diferentes funcionarios de las reparticiones implicadas en el proceso de urbanización. (13)

Más allá de la efectiva mejora en la calidad de vida de los habitantes de este barrio y su efecto positivo sobre la trama urbana, se observan puntos a revisar en relación a la consideración a las instancias participativas del proyecto, en vista de los reclamos por parte de los vecinos del barrio que cuestionan la carencia de equipamientos educativos y de salud dentro del plan (14) por una parte, y de determinados sectores de la sociedad civil y agrupaciones que critican la propia dinámica de entrega de títulos de propiedad entendiendo que este paso debe ser el último a realizarse, una vez que se tenga plena aprobación del plan de urbanización: «(…) mientras que la entrega de títulos puede promover seguridad individual en la tenencia, no necesariamente trae como resultado integración socioespacial. A menos que la titulación se lleve a cabo en un contexto amplio de mayores programas de políticas públicas que garanticen condiciones de integración urbana, los programas de regularización pueden incluso agravar los procesos de segregación y exclusión”(15) . El despliegue de lo que Tarbuch y Baldiviezo denominan «modelo de titularización de la precariedad», devendría en procesos de expulsión y gentrificación, al no garantizarse necesariamente radicación definitiva de los habitantes en el sector del proyecto, como es el caso de los inquilinos, que no clasifican como adjudicatarios de viviendas, subsidios o líneas crediticias dentro de los planes de urbanización.

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