2.2. Gestión democrática
Los preceptos que sostienen que gestionar la ciudad debe ser un ejercicio que involucre a la sociedad civil se basan en la obligatoriedad de los gobiernos locales de definir colectivamente el futuro de las ciudades, para lo cual el primer paso es el reconocimiento de las organizaciones populares, para luego efectivizar su representatividad y garantizar los mecanismos participativos en las diferentes esferas de gobierno, a través de órganos colegiados de política urbana, con el fin de tratar temas como la vivienda, el transporte público, el saneamiento ambiental, el uso del suelo y las políticas fundiarias.
Sin embargo, tal como lo argumenta Carlos Vainer en varios de sus libros y entrevistas, el verdadero ejercicio de la democracia, así como las protestas populares, atentan contra el modelo de ciudades mercancía, donde las inversiones de infraestructura sólo son dirigidas a aquellos lugares donde el capital tiene la mejor rentabilidad, donde es negocio. En este contexto es fundamental recuperar la idea de que la gestión territorial refiere, como lo plantea Magda Montaña, a las responsabilidades estatales para regular el mercado de tierras, atendiendo al bienestar de la sociedad como conjunto y que estas intervenciones son necesarias en la medida en que un terreno urbano vale por su localización y características físicas pero además –sobre todo- por los derechos que le son atribuidos, derechos que dependen de decisiones tomadas por la administración pública y que son los que generan el aumento de valor de las propiedades privadas.
Parte de la importancia del PPVA respecto a los preceptos de la gestión democrática es que desmonopoliza la herramienta de la planificación urbana y la reconfigura como parte de un proceso orgánico entre la acción y la teoría, donde las directrices se encuentran en la práctica misma, a diferencia de la planificación tecnocrática, según la cual la ciudad es pensada desde parámetros ideales que, en general, están muy distantes de la realidad territorial. Esto constituye de alguna forma un acto emancipatorio, donde el empoderamiento popular se incorpora a un mapa de actores mucho más amplio, que incluye inclusive a algunos gestores de la administración pública. Estos procesos de autogestión, al interpelar al poder público, reivindican la ciudad como un producto complejo frente a los paradigmas autoritarios de la tecnocracia:
En la arquitectura y el urbanismo, como en la mayoría de las profesiones, se ha desarrollado un discurso, se ha inventado y articulado un lenguaje que protege contra la irrupción de los neófitos, que preserva a los “profesionales” en un sitial privilegiado y que, en definitiva, los aleja de la gente común. Un trabajo que, por lo tanto, se hace imprescindible y urgente es buscar las maneras de acercar los conceptos y el lenguaje, de construir juntos códigos y términos. (…) La configuración del espacio, el hacer ciudad, es un asunto demasiado importante, increíblemente complejo, como para dejarlo todo únicamente en las manos de arquitectos y urbanistas. (Morales, 2000:39)
El PPVA se construye sobre la certeza de este saber popular como un saber legítimo sobre cómo entender y proyectar la ciudad, estableciendo una metodología basada en la creencia de que el planeamiento popular es posible y que los vecinos y las comunidades poseen un saber consistente para desarrollar un plan. Vila Autódromo representa, por un lado, la autodeterminación popular para enfrentar cuestiones de índole pública que no encuentran respuesta en la políticas urbanas y que son de urgente definición para el bienestar de amplios sectores de la población. Por otro lado, ese acto legítimo de empoderamiento popular cuestiona las relaciones democráticas contemporáneas al poner de manifiesto la capacidad popular de pensar el territorio y proponer estrategias de acción. Ana Clara Torres Ribeiro habla de un “tomar para sí” la responsabilidad de definir el futuro que muchos grupos sociales asumen en medio de la crisis social. La ocupación del espacio público con sus reivindicaciones pone de manifiesto el agotamiento de formas dominantes de construcción de las relaciones entre espacio y sociedad.
En este «tomar para sí» la responsabilidad de la gestión urbana, los vecinos de Vila Autódromo han afrontado el desafío del trabajo plural, multisectorial, que se encuentra en las bases de los preceptos de la planificación participativa, desarrollando el PPVA con la asesoría técnica de diversos profesionales; esto permitió la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades desde la comunidad, a través de un diagnóstico social y de la presentación de alternativas técnicas. Desde esta perspectiva es que el plan se presenta como un nuevo tipo de planeamiento donde, tal como lo establecen los vecinos de la vila en el PPVA, no son los gobernantes, ni los empresarios, ni la asociaciones público-privadas, ni los tecnócratas de la municipalidad quienes definen el destino de la comunidad sino que, por el contrario, es la población quién determina, a partir de su conocimiento cotidiano, cuáles son las necesidades y cuáles las prioridades de acción para resolverlas, respecto al lugar donde viven. Más aún, el plan promueve la reformulación –necesaria- del mapa de actores en torno a la gestión urbana al incorporar la figura del planificador popular a la red de quienes hoy detentan las herramientas de planificación, estableciendo que éstos serán formados permanentemente, apoyados y asesorados por profesionales, investigadores, profesores y estudiantes universitarios. De esta manera, la novedad de este rol no pretende trasladar el poder de la tecnocracia a la sociedad civil sino, por el contrario, promover el empoderamiento de los ciudadanos para capitalizar el trabajo en conjunto con quienes detentan el saber teórico y técnico sobre las cuestiones urbanas. Dentro de esta reformulación del mapa de actores, la asamblea de vecinos creó en 2012 el Consejo Popular del Plan, cuya función es coordinar junto con los vecinos acciones para profundizar la discusión de alternativas urbanísticas y ampliar el debate sobre las decisiones a ser tomadas. Por otro lado, es preciso subrayar que la formulación del PPVA no sólo se constituye como una acción que materializa de hecho el derecho a la gestión democrática de la ciudad, sino que el mismo plan incorpora en sus desarrollo mecanismos de participación popular para organizar a los vecinos en torno a experiencias que ya vienen siendo realizadas. incluso antes de la formulación del plan, como los mutirões para saneamiento básico o los medios de comunicación comunitarios.
Si bien diversos organismos nacionales e internacionales, inclusive nuestras legislaciones a través de las constituciones, de los planes locales y nacionales, de estatutos, de acuerdos, de convenciones de las cuales nuestros países hacen parte y firman, reconocen el derecho fundamental de la participación en cualquier nivel de toma de decisiones, estas disposiciones son frecuentemente violadas. En los casos de las operaciones consorciadas como lo es Porto Maravilha, se utilizan no sólo dineros públicos para su ejecución sino que además son usados terrenos pertenecientes al Estado, sin garantizar las debidas instancias de consulta y participación popular sobre las decisiones que se toman en las ciudades y que pautan el desarrollo del territorio.
El desarrollo de los mega-eventos deportivos representa la máxima expresión de la violación sistemática del derecho a la gestión democrática para garantizar la participación ciudadana, así como de los derechos humanos fundamentales – derecho a la ciudad, a la vivienda, al acceso a la información. Por otra parte, multinacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) consiguen establecer Estados dentro de Estados, a partir de exigir la modificación de las leyes y normas locales de los países donde se realizan los eventos deportivos para favorecer sus negocios, con la complicidad de varios niveles de gobierno, creando un Estado de excepción a las reglas y normas.
El Comitê Popular da Copa e Das Olimpiadas do Rio de Janeiro viene estudiando desde hace varios años las violaciones de derechos humanos, a la luz de la organización de la ciudad para recibir a los mega-eventos deportivos, detectando la evidente contradicción entre los procesos territoriales y las disposiciones establecidas por reglamento. En el informe publicado a principios de 2013, recalcan la importancia de la planificación participativa, identificada en diversos documentos legales, para evitar los abusos que reiteradamente se registran en el marco de las obras de los mega-eventos. La ONU, a través de la resolución 13/2010 del Concejo de Derechos Humanos, recomienda no sólo la implementación de metodologías participativas sino que sugiere a las autoridades organizadoras de Olimpiadas y Copa Mundial supervisar que las ciudades sede efectivamente involucren a la sociedad civil en la planificación y licitación de las obras, incluyendo particularmente a representantes del sector de vivienda y de las personas afectadas.
La falta de transparencia en la información y la ausencia de participación tornan confusa e incierta la situación para los habitantes de muchos barrios que ven amenazada su existencia -como el caso de Vila Autódromo-, porque siempre van mutando los argumentos y las excusas para removerlos; abandonados por el Estado, su única estrategia de lucha es la unión y la resistencia. Se plantea así una paradoja donde la participación política se les es negada, mientras que se los demanda como mano de obra barata, o se los relega al mercado informal – en actividades ligadas al turismo como las ventas ambulantes en las playas, en el sector de la construcción, en la seguridad de los edificios y condominios, en los servicios de limpieza-; pareciera que una gran parte de la sociedad necesita de su explotación pero al mismo tiempo no les permite desarrollarse, los utiliza como mercancía y los destierra a los espacios urbanos subutilizados, sin servicios, sin saneamiento básico, sin infraestructura, negándoles el derecho a ser ciudadanos.
La gestión participativa se apoya, por otra parte, en la garantía de acceso a la información, a partir de la cual todos los ciudadanos se encuentran en condiciones de conocer el estado actual y las propuestas para los lugares donde viven. Sin embargo, la información disponible en los medios oficiales acerca de los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad carecen de claridad o son incompletas -lo que no permite que la población los conozca en profundidad- y, en mucho casos, no existen mecanismos de difusión eficientes para que sean entendidos y aprobados por los ciudadanos. Por otro lado, hay un gran aparato mediático destinado a mostrar sólo las facetas vendibles y positivas del proyecto, tal como lo recoge el Dossiê del Comitê Popular da Copa e Das Olimpiadas do Rio de Janeiro: los proyectos se muestran con imágenes seductoras, en publicidades y medios digitales, enmascarando la falta de planificación y el autoritarismo en la toma de decisiones, excluyendo a la población e, incluso, a los órganos de control.
Como en la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno local cuentan hoy en día con una herramienta fundamental para ser legitimadas por la sociedad: los medios de comunicación masiva. Esta legitimación permite que sean implementadas políticas públicas que bajo diversos argumentos y con diferentes fines transforman las ciudades en base a excepciones a la reglas y donde, de alguna forma, todo es negociable; este perfil responde a la ciudad desarrollada por el mercado y para el mercado, donde la rentabilidad es la principal finalidad del desarrollo urbano. De esta forma, las políticas urbanas materializan las acciones desarrolladas por la administración de la ciudad, donde la participación ciudadana no tiene mucha importancia y tampoco cabida; las prácticas urbanas populares no son legitimadas por la sociedad.
En este contexto, como bien ha sido estudiado por el Comitê Popular da Copa e Das Olimpiadas do Rio de Janeiro, los planes populares y los contra-laudos técnicos son herramientas de las cuales disponen las comunidades para contraponerse a esa relación de fuerzas desproporcional frente a un poder público que recurrentemente les niega la participación en procesos definitorios de sus lugares de vida, y que sostiene inversiones de altísimos costos en zonas exclusivas de la ciudad, mientras les son negadas obras de saneamiento básico. La demanda de democratización de la gestión urbana de Rio de Janeiro que se encuentra en el plan pone de manifiesto que, en última instancia, se desmonopoliza la planificación de manos de los tecnócratas par constituirse en un instrumento de lucha popular.