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La cidade maravilhosa y sus modelos urbanos divergentes

2.1. Derecho a la ciudad

De acuerdo con los desarrollos del FNRU, en el contexto de ciudades cada vez más excluyentes, pensadas desde la lógica del capital, el derecho a la ciudad implica el efectivo cumplimiento de las garantías de vivienda digna, transporte público, saneamiento ambiental acceso a medios de subsistencia, trabajo, salud, educación, ocio.

El proyecto de revitalización del puerto de Rio de Janeiro ha sido lanzado inicialmente como parte de las acciones para promover el desarrollo de la ciudad dentro de una “nueva dinámica económica, impulsada por los grandes eventos que van a ocurrir en la ciudad en los próximos años” (trad. de los autores)”, posicionándose de esta manera como una herramienta al servicio de las necesidades de los mega-eventos. La propuesta prevé, en su planteo original, destinar partidas financieras específicas para garantizar la permanencia de los vecinos de los barrios afectados por las obras, estableciendo que la operación urbana de Porto Maravilha parte del presupuesto de que los habitantes actuales deben continuar viviendo en la zona del puerto, para lo cual se destinarán por lo menos el tres por ciento de lo recaudado por la venta de certificados de potencial adicional de construcción, que serán invertidos en programas de desarrollo social para los vecinos así como en la valorización patrimonial del área. Por otro lado, en la página oficial del proyecto se declara que serán creadas vivienda de interés social, establecimientos educativos, y se recuperará la calidad ambiental. Sin embargo, las remociones de las favelas que se encuentran dentro del área del proyecto evidencian que la violación del derecho a una vivienda digna es sistemática -y en muchos casos, violenta- violando no sólo los tratados internacionales y la legislación nacional, estadual y municipal, sino la propia ley que sostiene al desarrollo de Porto Maravilha y que establece la reurbanización de esas áreas y garantiza la permanencia de sus habitantes originales, salvo excepciones donde la relocalización se imponga por cuestiones de riesgo o de necesidades de las obras.
En este contexto, el desfasaje entre la idea de “desarrollo” involucrada en la propuesta – detallada según una serie de intervenciones que, en principio, pareciera podrían resolver intereses locales- y los procesos urbanos que efectivamente están sucediendo, pone de manifiesto que la noción de desarrollo se vuelve un eufemismo efectivo para ocultar la limpieza social de una zona que ha sufrido una acelerada valorización inmobiliaria en los últimos años. Dentro del marco de la planificación estratégica y de la implementación de Operaciones Urbanas Consorciadas, el espíritu y las acciones concretas de Porto Maravilha dan cuenta de un modelo de ciudad orientada al consumo. La ciudad de los mega-eventos es un ejemplo de la ciudad mercancía: una ciudad que está en venta, que se promociona desde una idea de desarrollo que no procura mejorar la calidad de vida de sus pobladores originales sino atraer nuevos habitantes que tengan la capacidad de comprar el espacio urbano; así, la ciudad deja de ser un espacio donde se materializan los derechos de sus ciudadanos para convertirse en un privilegio del capital privado, que decide dónde y quiénes pueden habitarla, anteponiendo el lucro inmobiliario a las necesidades de grandes masas de población vulneradas.

Por otro lado, la operación urbana de Porto Maravilha pone de manifiesto la desigualdad en el patrón de inversiones para el desarrollo de infraestructura, con proyectos que representan importantes ganancias en zonas de gran valorización inmobiliaria, mientras que en los barrios pobres y alejados no sólo no se realizan las inversiones necesarias sino que sus habitantes tampoco se benefician de aquellas valorizaciones, como parte de la ciudad que todos construimos. De este modo, las grandes obras de los mega-eventos se dirigen al centro de la ciudad y hacia las zonas con gran potencial inmobiliario, desde donde generalmente expulsan a la periferia a la población más pobre y vulnerada, en tanto la pobreza deprecia el nuevo centro moderno construido para el inversionista de la ciudad globalizada, consolidando su efecto gentrificador o, como Vainer lo expresa, la ¨limpieza la social¨ de nuestras modernas ciudades.

Mientras que desde múltiples aspectos el proyecto de Porto Maravilha viola el derecho a la ciudad, el PPVA parte del supuesto de que aunque la ocupación de terrenos pueda considerarse ilegal, en ciertos casos, dentro de la normativa brasilera, es legítima en tanto hace valer ese derecho incumplido por el poder público de garantizar el acceso a la vivienda. La reivindicación inicial de los vecinos de la vila es que esa población, que ha autoconstruido sus casas y el espacio urbano que habitan, tiene derecho no sólo a permanecer sino a ser reconocida en la propiedad de la tierra que ocupan –mediante las herramientas jurídicas reguladas por el Estatuto de la Ciudad- y así lo establece cuando en su presentación se declara que el plan afirma la existencia de la comunidad, y el derecho de continuar existiendo, con condiciones adecuadas urbanas adecuadas. En este sentido, el plan se constituye como un documento que sostiene la legitimidad del barrio y contra-argumenta los fundamentos del gobierno local respecto a los nuevos emprendimientos. Es decir, reivindican sus derechos como personas y como ciudadanos, ya que demuestran que están haciendo uso de las leyes y de los mecanismos que los protegen. Si la democracia de la ciudad no les pertenece, si el gobierno no les ofrece ninguna salida democrática, ni pueden hacer parte de la construcción plural de su ciudad, la única herramienta que tienen es el desarrollo de planes populares y las evaluaciones técnicas por parte de profesionales privados que les permiten contraponerse a los veredictos públicos.

Dentro de los principios y objetivos del PPVA se establece, en primer lugar, que todos los actuales habitantes del barrio tendrán acceso a vivienda digna dentro de la comunidad, independientemente de su condición de ocupación actual, área ocupada y renta, así como a servicios y equipamientos públicos de salud, educación y asistencia social; además, todos tendrán garantía de condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades económicas dentro de la comunidad, así como de transporte y accesibilidad a sus lugares de trabajo; finalmente, también se garantiza el acceso al espacio público que permita actividades culturales y de ocio. Todas estas declaraciones, que son ampliadas y transformadas en acciones planificadas en las diversas partes que componen el plan, materializan el efectivo cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales sobre derecho a la ciudad, reivindicando el valor de la gestión participativa y la importancia de las comunidades en la formulación de planes de desarrollo. Como no podría ser mejor dicho, en el artículo noveno de los principios y objetivos los vecinos de la vila sostienen que:

O PPVA afirma à sociedade e às autoridades públicas a competencia, criatividade e força dos moradores da Vila Autódromo.

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