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La autoría individual de las ideas proyectuales

En los últimos 25 ó 30 años, tuve una perspectiva muy centrada en lo público, desde la producción. Si bien no tengo una carrera académica, siempre estuve vinculada a la investigación y fui enseñando en maestrías y posgrados. De hecho en el equipo que tenía en el gobierno nacional, con gente que venía de distintas universidades, trabajamos con equipos de otras universidades con lo cual hubo una muy buena calidad de investigación y una producción muy grande. Entonces tengo una experiencia bastante grande de trabajo en intervenciones en el territorio, ya sea de planes o de proyectos urbanos, y en distintas escalas, con lo cual esta cuestión sobre la autoría, es un tema que medité bastante, en el sentido de que me encontré con distintas situaciones. En el sector público, los equipos por más interdisciplinarios que sean, no son todos iguales. Hay gente que se compromete y gente que no se compromete, gente que es más lúcida que otra, gente que se pone la camiseta más que otra. Con lo cual muchas veces, si bien todo el mundo tiene deseo de alguna forma de reconocimiento, la verdad es que es muy difícil reconocer a los individuos cuando se trabaja en grupos. Yo siempre hice todo lo posible, pero tenés ciertas limitaciones.

De cualquier manera, mi trayectoria viene de la arquitectura y me empiezo a interesar por la vinculación entre la arquitectura y la ciudad en los años 80. De alguna forma, puede llegar a ser porque trabajando en España en ese momento había una emergencia muy fuerte del urbanismo como tema, con lo cual iba leyendo y mientras tanto iba viendo cómo lo que yo hacía no tenía nada que ver con eso y me empezó a dejar de interesar, más allá de que me ganaba la vida.

El Derecho a la Ciudad y la disputa jurídica

Con respecto a mi percepción sobre Derecho a la Ciudad, trabajé en los equipos de Naciones Unidas en el armado previo de los documentos de Hábitat III en Ecuador, en 2016. Allí había una cuestión muy enfática, sobre todo por parte de los brasileros, de incorporar el Derecho a la Ciudad dentro de la agenda de Hábitat, y siempre pensé que la forma en que se quería incorporar la noción de Derecho a la Ciudad, más allá de cómo fue instituida en el año 2004 con la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, era declamatoria. Inclusive tan declamatoria, que corre el riesgo de banalizarse y constituirse en una idea más como el derecho a la vivienda que está en todas las Constituciones, provinciales y nacionales.

El Derecho a la Ciudad supone en su declaración una cuestión tan amplia que presume una sociedad justa, equitativa y con plenos derechos. En ese sentido, me interesa mucho más ir para atrás y reconocer la noción de Derecho a la Ciudad como una parte más de la lucha militante que no se da en el ámbito de trabajo, sino que se da en el ámbito de repercusión de la vida.

En ese sentido, lo entiendo como plataforma, en tanto hiperespacio, como espacio urbano y no urbano, como el espacio en que se puede disputar esa lucha por los mayores derechos, no sólo porque es un espacio de posible disputa sino porque es un espacio productor y reproductor de esos derechos.

Por lo cual, me interesa mucho más la perspectiva antigua de Lefebvre y todo lo que sean movimientos sociales que acumulen en este sentido. No acredito mucho entonces a las declaraciones de Derecho a la Ciudad, me parece sí pertinente la judicialización sobre derechos, la disputa jurídica. Porque si en nuestra Constitución Nacional está todo lo atinente al Pacto de San José de Costa Rica, o sea que tienen rango constitucional la mayoría de los derechos, inclusive el Derecho a la Ciudad, no se trata de una institución más sino de poner en juego a través de una disputa fuerte en el campo jurídico, en el campo de la disputa social y en todos los campos posibles, y de poner en escena esos derechos, como por ejemplo el fallo Mendoza del Riachuelo.

El Fallo Mendoza es el que da lugar a la constitución del ACUMAR, el ente de la cuenca Matanza-Richuelo. Se inicia en el año 2008, y se llama Mendoza porque el grupo que inició la causa lo encabeza la familia Mendoza, y tiene que ver con el reclamo por derechos ambientales de un conjunto de personas que viven ahí, en Villa Inflamable y están viviendo en condiciones penalizadas de derechos reconocidos constitucionalmente. Finalmente llega a la Corte Suprema, ésta falla a favor de los demandantes, y obliga la constitución de una entidad donde tiene que estar representado el estado nacional, el provincial, en representación de los 14 municipios de la provincia, y la ciudad de Buenos Aires. De hecho, todo el programa del ACUMAR lo dirigió un juez. Esta situación es lamentable en términos de gobernabilidad, es decir, la invisibilidad de la problemática hace que tiene que llegar a una instancia judicial que acaba fallando en virtud de un arreglo constitucional.

Es en ese sentido que me parece legítima la judicialización, en suma, lo atinente a derecho a la ciudad tiene como fondo y como sustento, la disputa constitucional fuerte, que es materia de debate constitucionalista entre los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva tienen que ver con todos aquellos que no atienden a los derechos reales exclusivamente, que son de la propiedad. Entonces hablamos del ambiente sano, el agua, la vivienda, y los pueblos originarios, por ejemplo.

De hecho, hay un muy interesante avance en términos de debate, que es la instalación de la agenda mundial y pública, en distintos países, de la cuestión ambiental, que es la que empieza a cavar en todo esto.

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