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Instrumentos de re-urbanización con perspectiva de género

A la luz del estudio de las transformaciones urbanas ocurridas en el marco de las políticas de urbanización producidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre 2004 y 2013 nos proponemos visibilizar el trabajo de organización del género femenino en los barrios populares. La incorporación de la perspectiva de género en la lectura nos da la posibilidad de identificar como la instrumentación territorializada de las políticas tiene como protagonistas principales a las mujeres, disidencias y cuerpos feminizados.

Realizaremos una somera descripción de las características de la participación de las mujeres en el espacio urbano barrial, para luego centrarnos en algunos instrumentos desarrollados por éstas, tales como la creación de un código de convivencia y la inmobiliaria social.

No obstante la sostenida participación de las mujeres, disidencias y cuerpos feminizados en la instrumentación de las políticas de mejoramiento y urbanización, aún no hemos logrado institucionalizar instrumentos que incorporen y/o potencien dichos procedimientos.

En esta ponencia realizaremos una lectura de la instrumentación de las políticas de mejoramiento que hicieron un aporte sustancial a las políticas de mejoramiento y urbanización de Villa Monte Matadero, a partir de una comprensión de la arquitectura y el urbanismo que pretenden poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo.

¿PORQUE VISIBILIZAR EL APORTE DEL GÉNERO FEMENINO EN LAS POLÍTICAS URBANAS?

Nuestra preocupación por visibilizar el aporte del género femenino y los cuerpos feminizados en las políticas urbanas radica en la necesidad de dar cuenta del enorme esfuerzo humano que sostiene la injusta distribución espacial que organiza nuestras ciudades.

La división sexual del trabajo ha definido rasgos culturales basados en la opresión de un género por sobre otro, que aprehendidos de generación en generación invisibilizan la desigualdad. Sin embargo, dado que esta cuestión se manifiesta también en términos materiales, su objetivación para ser transformada ha sido materia de debate desde la perspectiva de los derechos humanos.

Esta desigualdad socialmente problematizada ha permitido discutir las características fundamentales que explican las dificultades de las mujeres, más allá de su situación económica, trascendiendo el modelo hegemónico de “mujer”.

La incorporación de la perspectiva de género como categoría de análisis permite indagar en las tareas que cotidianamente desarrollamos arquitectes y urbanistas revisando las representaciones aprendidas, tanto en el campo de la formalización del espacio como en el de la definición de las políticas urbanas transcendiendo los parámetros funcionalistas impuestos en nuestra formación.

Nos interesa en particular revisar las desigualdades espaciales que impactan en las mujeres que además son protagonistas de formas de organización social donde impera la opresión, dominación y/o discriminación. Kimberlé Crenshaw (2010) nos propone revisar no solo la categoría “género” sino también las de clase y raza, ya que tampoco son “naturales”, y como portadoras de desigualdades actúan potenciándose.

Esta organización espacial funcionalista, combinada con una organización económica productivista y una forma de organización social patriarcal, desconoce que diariamente, millones de mujeres y cuerpos feminizados ven vulnerados sus derechos. No obstante lo anterior, la lucha por el reconocimiento del aporte específico que realizan los cuerpos oprimidos, ha transitado una larga historia de luchas que ha alcanzado los tribunales internacionales desde la constitución misma de la creación de naciones unidas cuando se buscaba un ámbito de tregua frente a las calamidades de las guerras mundiales.

Los primeros pasos en el proceso de reconocimiento de la mujer y sus derechos sociales en la escala internacional comenzaron tímidamente en febrero de 1947, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer poco después de la creación de las Naciones Unidas. Pero no fue hasta 1995, en Beijing, China, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Plataforma define que la igualdad entre mujeres y varones es una cuestión de derechos humanos y tiene como objetivo hacer realidad todos los derechos de las mujeres, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, y tener igual remuneración por igual trabajo. El documento define una serie de objetivos y medidas estratégicas concretas que los países se comprometieron a cumplir en 12 esferas de especial preocupación: La mujer y el medio ambiente; La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; La niña; La mujer y la economía; La mujer y la pobreza; La violencia contra la mujer; Los derechos humanos de la mujer; Educación y capacitación de la mujer; Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; La mujer y la salud; La mujer y los medios de difusión; La mujer y los conflictos armados. (imagen 01).

Imagen 01. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer poco después de la creación de las Naciones Unidas

Casi 70 años después de las primeras declaraciones, en la Asamblea de Mujeres celebrada en este marco, el 15 de octubre de 2016, representantes de gobiernos nacionales y locales abordaron las graves brechas de género que existen para alcanzar la igualdad en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en la necesidad de construir ciudades seguras, con facilidad de transporte y proximidad de servicios, donde hombres y mujeres puedan conciliar la distribución del trabajo y el cuidado de las personas dependientes.

Esta necesidad de volver sobre declaraciones que persiguen la igualdad incorpora lentamente aspectos centrales del debate sobre la desigualdad de género, uno vinculado a la pobreza de la mujer cuya causa se entiende directamente relacionada con la ausencia de oportunidades y autonomía económicas, la falta de acceso a la educación, los servicios de apoyo y los recursos económicos, incluidos el crédito, la propiedad de la tierra y el derecho a herencia, y el otro con su mínima participación en el proceso de adopción de decisiones.(1)

Para las mujeres el problema de la Segregación y Marginalidad Urbana (2) son problemas y carencias muy concretas. Las panelistas del seminario “Mujer, vivienda y calidad de vida”(3) hicieron especial énfasis en este aspecto, destacando el significado e impacto directo que estos problemas tienen en la vida cotidiana de las mujeres y familias de sectores populares. Al respecto, se definieron básicamente tres áreas del problema principal, asociadas al tema de la marginalidad desde la perspectiva de la Mujer:

a- El problema del cuidado de les niñes y su relación con las posibilidades de la mujer para insertarse en el mercado laboral.

b- El problema del aislamiento social y su relación con las posibilidades de acceso a la participación e interacción social en procesos de desarrollo comunitario.

c- El problema del déficit de Equipamiento comunitario y de bienes y servicio urbanos.

Entre las reivindicaciones para el acceso a la vivienda y la ciudad levantadas por las organizaciones sociales de argentina, se puede leer en el punto 1 del Consenso Nacional para un Hábitat Digno (4) la promoción del “Diseño e implementación de políticas territoriales integrales, lo que implica la inclusión de una multiplicidad de variables entre las cuales sobresale el enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas, programas y proyectos habitacionales.”

Todos estos avances en materia de derechos se apoyan en las acciones cotidianas y las luchas sostenidas realizadas por el género femenino y los cuerpos feminizados en la producción y reproducción de las políticas de salud, las políticas alimentarias, y cada vez más en las políticas de vivienda y ciudad.

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