Generación distribuida comunitaria

En nuestra ley nacional la generación distribuida se define como la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables en el punto de consumo (Secretaría de Gobierno de Energía, 2019). La necesidad de disponer un punto de consumo excluye pequeños emprendimientos del tipo comunitario en los cuales grupos de ciudadanos instalan una pequeña planta para luego repartir la energía inyectada en sus respectivos hogares.

Los aspectos novedosos de la norma mendocina son: Se crean las figuras legales de Generador Colectivo, Generador Virtual, Comercializador y Almacenador Energético (7). Estas figuras podrán celebrar contratos entre ellos. De este modo, en sus diferentes modalidades – podrán ceder su energía producida a otros usuarios que no posean energías renovables. Asimismo, y en un futuro, a comercializadores, que a su vez podrán ofrecer energía a otros usuarios, mediante un sistema de redes inteligente. Esto permitirá mejorar la gestión técnica y comercial del servicio eléctrico al dotar al sistema de distribución de mayor flexibilidad, confiabilidad y mejorar la calidad del servicio, como la capacidad de respuesta a las variaciones de la demanda.

El caso de la re- urbanización del Barrio Carlos Mugica (ex villa 31) – Sector Containera

El Barrio Carlos Mugica tiene su origen en el año 1930 en un contexto de recesión mundial y un modelo de acumulación agroexportador en Argentina. El asentamiento fue conocido como Villa Desocupación y estaba ubicado en una zona reservada hasta ese momento a la elite porteña (Snitcofsky, 2013). En la época se da origen al proceso que actualmente se conoce como el pasaje del conventillo a la villa miseria (Yujnovsky, 1993). Debido al interés por la zona en donde se localizó la villa en 1935 se inició el desalojo compulsivo a través de medidas policiales y judiciales gestionadas por la Junta Nacional de la Lucha contra la Desocupación durante el gobierno Agustín P. Justo en lo que se conoce como la Década Infame. Esto marcó el inicio de una serie de proyectos de urbanización enmarcados en una constante tensión entre desempleo y déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires. El asentamiento crece durante el periodo 1945 y 1965 y luego del golpe de estado en 1955 se conforman las primeras organizaciones sociales y villeras (Camelli y Snitcofsky, 2016). A partir de 1968 comienza a trabajar por la urbanización de la villa el Padre Carlos Mugica. En 1974 es asesinado el Padre Mugica y entre 1975 y 1979 se implementó un plan sistemático de erradicación de villas, construcción de autopistas y una transformación en el mercado de la vivienda urbana (Olivares, 2018). Luego de la vuelta a la democracia con la derogación de las leyes que impedían el asentamiento se volvió a poblar el territorio. Con la construcción de la Autopista Illia comienza a crecer nuevamente el asentamiento que se llamará formalmente Villa 31. En 2010 se promulga la ley 3343 cuyo objetivo es la urbanización del Barrio Carlos Mugica. En 2015 se conforma la Secretaría de Integración Social y Urbana quién será finalmente la ejecutora del proyecto.

El proyecto propuso sobre unos terrenos linderos que estaban en desuso, pertenecientes a la empresa Repsol – YPF de la cual el Estado Nacional es accionario, la construcción del porcentaje de viviendas destinado a nueva ejecución (Fernández Castro, 2010). A este sector se lo denominó luego Containera. Dentro del proyecto se incluyó como parte de la infraestructura de servicios del sector equipos de generación eléctrica fotovoltaicos conectados a la red de distribución.

La primera etapa corresponde a la zona geográfica indicada en la figura Zona 1 y la segunda etapa en la figura Zona 2.

La zona 1 incluye una potencia total de 944 kWp que comprende 784 unidades funcionales (viviendas) distribuidas en 20 edificios. Mientras que la zona 2 cuenta con una potencia total de 180,51 kWp con 236 unidades funcionales distribuidas en 6 edificios. La potencia total instalada es de 1,12 MWp. Los detalles de instalación y potencia generada por edificio se detallan en la tabla 2.

La idea principal para el diseño del sistema se basó en dotar a cada unidad funcional con una potencia fotovoltaica pico de 1,5 kW. Para esto se dividió cada edificio en núcleos.

Cada núcleo posee un tablero principal en donde se inyecta la energía proveniente del inversor fotovoltaico asignado. El esquema de generación según el conexionado eléctrico podría describirse como colectivo, en donde el aporte de cada sistema fotovoltaico se reparte entre un conjunto de unidades funcionales o viviendas, más específicamente a los consumos de los espacios comunes. Dependiendo de la demanda del núcleo, la hora del día y las condiciones climáticas los excedentes de energía se inyectarían a la red.

El caso de la instalación de energía solar térmica y fotovoltaica del barrio 31 se considera un ejemplo paradigmático, ya que al momento de realizarse el proyecto y comenzar la instalación solar FV, ni el país ni la ciudad contaban aún con una reglamentación de la ley de GD. Esto obligó a generar un convenio específico para la puesta en marcha y la conexión de esta gran instalación, en el cual participaron el Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Energía, Edenor y Edesur (ambos son proveedores de electricidad en el barrio) y la mesa de coordinación de los habitantes.

Por otro lado, tampoco existían, al momento de su instalación, antecedentes en esta escala de incorporación de energías renovables en conjuntos de vivienda sociales, promovida por el estado argentino (salvo en casos aislados, relacionados con proyectos de investigación y desarrollo). 

Por último, resulta digno de mención el hecho de que el barrio organizado en una cooperativa o consorcio está inyectando la energía excedente que corresponde a bombas elevadoras y luces de espacios comunes (esto debido a un cambio respecto del proyecto original, que consideraba inyección diferenciada para cada vivienda) directamente en media tensión, dentro de la reglamentación correspondiente al Mercado Eléctrico Mayorista. Es el mismo caso de una planta solar del Programa Proinged o del Plan Renovar.  Teniendo en cuenta los consumos mínimos de los espacios e instalaciones comunes a cada edificio y esta venta de energía directa mayorista mencionada, los villeros deberían estar recibiendo por la energía inyectada una tarifa más conveniente que la que dispone la Ley Nacional de Generación Distribuida.

Desarrollos locales de la tecnología asociada

Es muy importante destacar que la generación distribuida genera empleo genuino local, de calidad y significativo. De las instalaciones, el 40 % corresponde a componentes importados (inversor y paneles) y el 60 % a componentes nacionales (estructura, mano de obra, gestión). Los distintos componentes de los sistemas FV pueden desarrollarse localmente con diferente grado de complejidad, a medida que se genera un mercado local de instalaciones, incentivando la producción local y activando, probablemente también otros usos y aplicaciones, al mismo tiempo que se sustituyen importaciones ahorrando divisas. En todos los casos se considera que la decisión de desarrollar un componente no debe depender solamente de comparar su valor de mercado con el costo local de producción. Radica en cambio en un concepto de soberanía y apropiación tecnológica que, aunque a un mayor costo inicial, genera trabajo calificado y conocimiento tecnológico, tiene impacto social y significa, a largo plazo, un ahorro de divisas.

Los componentes importados pueden ir desarrollándose según si representan un nicho en el mercado, sus costos y complejidad. Como ejemplos podemos mencionar las estructuras de soporte, que según la normativa internacional deben ser de aluminio, acero galvanizado u otros materiales que dispongan del mismo grado de protección. Lo mismo puede decirse del desarrollo local de celdas y paneles. La producción local involucra diversas etapas que deberán analizarse individualmente. Existe consenso en comenzar por el final de la cadena de valor, es decir la fabricación de módulos FV. Aún en este caso, hay una cantidad de insumos que pueden ser desarrollados localmente aplicando políticas de estímulo para este fin. Consideramos que debe fortalecerse estas experiencias dándoles prioridad en proyectos estatales. Para eso es necesario establecer un sistema de certificación de componentes locales y controlar que hayan sido fabricados en el país. Así mismo, identificar los componentes del ensamblado que puedan desarrollarse localmente para sustituir los que fueran importados.

Los inversores y otros componentes electrónicos son probablemente los que más claramente deben ser desarrollados localmente. Son desarrollos factibles y que rápidamente sustituirían importaciones fortaleciendo la industria local. Los inversores solares son los dispositivos que convierten la potencia dc que producen los paneles solares a potencia ac lista para ser inyectada en la red de distribución o ser utilizada en un esquema de autoconsumo. La eficiencia de los inversores actualmente es alta y se encuentra entre el 95% y 98%. Estos dispositivos en conjunto con sistemas de almacenamiento se pueden utilizar para disponer energía eléctrica en ventanas o periodos de tiempo en donde la irradiancia no sea suficiente o sea nula. Los inversores actualmente disponibles en el mercado disponen de sistemas de autogestión de la energía que permiten a los usuarios administrar su demanda de una manera más eficiente. La tecnología de software/firmware para este tipo de inversores solares también se encuentra en estadios de prototipo o producto no maduro para el mercado. En este caso la inversión necesaria para impulsar estos desarrollos es mínima, siendo fundamental primero activar el mercado de aplicaciones para GD.

Finalmente, el uso de redes inteligentes puede administrar más eficientemente las demandas fluctuantes debido a los periodos de restricciones y aperturas que se utilizan para contener las olas o brotes. Las redes inteligentes incorporan las tecnologías de la información y las comunicaciones en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, aumentar la fiabilidad de los sistemas, mejorar el servicio y la eficiencia y reducir los costos. Pero fundamentalmente les imprimen a los sistemas de distribución y transporte una flexibilidad en cuanto a la gestión de la demanda.

Este tipo de redes es fundamental cuando agregamos a la ecuación la generación distribuida cuyo principal objetivo es generar la energía eléctrica en lugares cercanos a las demandas evitando las pérdidas que puedan producirse en la red de transporte. De la mano de estas tecnologías aparece como respuesta casi inmediata el uso de energías renovables cuya disponibilidad las vuelve intermitentes y por lo tanto candidatas a un maridaje casi perfecto con las redes inteligentes.

Existen algunos proyectos en el país donde centros de investigación y desarrollo de software ya se encuentran trabajando en conjunto con cooperativas de distribución eléctrica. Así mismo, estas redes requieren de sensores y sistemas de almacenamiento que pueden ser parte de los desarrollos locales.

Soberanía energética

Se considera a la generación de energía como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo industrial del país. Si bien la situación económico-social del país es frágil en extremo, la generación de energía proveniente de fuentes renovables y la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero deben jugar un rol fundamental en esta coyuntura: Estas tecnologías no solo generan energía en forma limpia y totalmente segura, sino que aportan al desarrollo social, y pueden constituir una herramienta para fomentar un orden económico comunitario, en línea con la idea de soberanía energética -no solo nacional sino también ciudadana- además de aportar en desarrollos tecnológicos locales y en la creación masiva de empleo.

Teniendo en cuenta que las energías renovables hoy son las fuentes de generación eléctrica más económica a nivel mundial, deben jugar un papel primordial en el acceso a la energía de las clases populares y trabajadoras urbanas, que hoy tienen serias dificultades para el pago de sus facturas o cuentan con conexiones inseguras e informales. En este sentido, la generación de energía por parte de los propios usuarios resulta en un cambio de paradigma respecto de la propiedad de la energía, dejando de ser los ciudadanos meros usuarios para transformarse en productores y dueños de la energía que consumen. A los beneficios ambientales y económicos anteriormente descritos se suma entonces el beneficio social, ya que estos recursos energéticos contribuirán a la economía de aquellos sectores sociales que el Estado pretende incluir, brindando el derecho a la vivienda y acceso a energía limpia a los trabajadores y sectores de menores ingresos. La reducción de los gastos en servicios y mantenimiento de estas viviendas evita además el fenómeno hoy llamado de ”gentrificación de barrios” (situación en la cual sectores de mayor poder adquisitivo -y debido a reglas del libre mercado inmobiliario no regulado- terminan usufructuando los beneficios que originalmente fueran destinados a sectores de menores ingresos, desplazando a estos últimos a la periferia de las grandes ciudades).

Las energías renovables, en ese sentido, resultan un aporte fundamental al concepto de soberanía energética en el sentido más amplio, no solo para la Nación en general sino para la ciudadanía en particular.