Conclusión.
El acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires está atravesado por la aplicación de políticas neoliberales, las que intervienen provocando desigualdad, segregación y exclusión. Parte de los sectores populares no son integrados sino que son excluidos por su falta de solvencia económica. He aquí que la intervención por parte del Estado es sumamente importante para generar vínculos de integración y fomentar la equidad social, a través de la formulación de medidas incluyentes para los distintos sectores.
¿Por qué sostenemos que el mercado de trabajo es un potenciador del submercado?: en la ciudad de Buenos Aires para ingresar a un alquiler formal es necesario contar con una garantía de propiedad, a veces se solicita además que sea de un familiar directo, y/o la presentación formal de recibos de sueldo que acrediten solvencia. Estas dos formas de ingresar al alquiler formal dejan a gran parte de la población excluida de tal posibilidad. Las personas que no reúnen uno o ambos requisitos deben por lo tanto buscar otra forma para resolver su problema habitacional, por lo que muchas de ellas optan por alquiler de habitaciones en hoteles, o de habitaciones privadas o compartidas en las villas de emergencia, expandiendo el submercado inmobiliario informal.
Como reseñamos existen distintos mercados a la hora de realizar un intercambio del “servicio del inmueble”. En el mercado formal se puede observar que se establecen contratos de locación de inmuebles con la intervención de un instrumento legal que garantiza que el propietario/dueño recibe un importe monetario por la locación del bien. En cambio en el mercado informal se puede observar que no existen garantías seguras para las personas que quieren adquirir o residir en los inmuebles. El inquilino informal, al carecer del respaldo de la locación contractual, se encuentra en desventaja ante “el propietario / dueño del bien”. Es simples palabras, no cuenta con las mismas posibilidades de acceder al hábitat digno, sea porque no tiene la posibilidad de acceder a un inmueble por no encontrarse censado (en caso de ser posible beneficiario a futuro de una vivienda social), por no contar con un trabajo formal, o por no poder presentar una garantía.
Quizás una posible solución a esta problemática podría ser que se contemple la actividad económica que sostiene a la familia, además de proceder a agregar un anexo en las escrituras no permitiendo la mercantilización de este bien y, en caso de querer hacerlo (venta-compra), asegurar que el Estado pueda volver a adquirir la propiedad para que vuelva a ser utilizada para el fin para el cual fue concedida inicialmente.
Finalmente podemos conjeturar que el Estado debería buscar alguna política de alquiler para disminuir el mercado informal, tratando de brindar distintas alternativas a estos inquilinos que no cumplen con los requerimientos de las inmobiliarias del mercado formal.